La única Justica en la que creen los fanáticos del ultra conservadurismo contemporáneo y las derechas de corte fascista es aquella que favorezca a sus intereses; todo lo demás constituye lo que ellos llaman una “agresión” a sus derechos humanos. Son muy buenos para gritar a viva voz por la detención del endurecido neo-Nazi de Barcelona Pedro Varela que ha hecho la principal misión de su vida (además de su principal negocio y fuente de sustento económico) el limpiarle su mala imagen a Hitler y a Francisco Franco fomentando de nueva cuenta el antisemitismo y los crímenes raciales de odio no sólo en España sino en toda Europa, pero son muy malos para reconocer que cuando la Justicia ha estado en manos de gente como ellos el resultado ha terminado siendo una verdadera porquería. Ejemplo de ello: la Justicia en los tiempos de la Alemania Nazi que era una Justicia charra, unaverdadera farsa por decir lo menos, ya que cualquier acusado antes de poner un solo pie en los tribunales podía dar por seguro que la sentencia en contra suya estaba ya pronunciada si tal era el deseo de Hitler, y el único propósito de tales tribunales era “legitimar” el atropello que el Estado estaba cometiendo en contra de los derechos humanos e inclusive la propia vida del individuo acusado. Célebre por las barbaridades que cometía “en nombre de la Justicia” lo fué el “juez”Roland Freisler. Los juicios de la Rosa Blanca llevados a cabo en contra de Sophie Scholl y de su hermano Hans Scholl quedan aún en la triste y penosa memoria de los alemanes sobre la impartición de justicia en esa época negra que muchos han tratado de olvidar sin lograrlo. Al hablar de esto estamos refiriéndonos de la instancia de cuando los casos llegaban ante esos tribunales de opereta, porque en sus gran mayoría los detenidos por la Gestapo y las hordas Nazis (judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, socialistas, sacerdotes católicos, etc.) simplemente eran despachados a los campos de concentración sin juicio previo, sin derecho de apelar la detención o las acusaciones formuladas, sin derecho a un abogado defensor, sin derecho a nada excepto a terminar sus días en un horno crematorio. Este es el tipo de justicia que agrada a los alucinados de la extrema derecha siempre y cuando sean ellos los que la apliquen a los demás, porque si el orden de cosas se invierte entonces fieles a la ley del embudo pegan un grito al Cielo que se puede oír hasta el polo Norte protestando y llorando como plañideras cualquier presentación de pruebas y testimonios que se haga en contra de ellos. Esta es gente que sólo cree lo que quiere creer a la cual no se le puede hacer entrar en razón al igual que los Inquisidores que acosaron a Galileo pese a que en todo momento y en base a las pruebas con las que contaba en sus manos Galileo había estado en lo correcto todo el tiempo.
La Justicia, por lo menos para quienes realmente creen que existe, implica que todo conocimiento de un crimen que haya sido cometido en el pasado sea investigado y que los datos recabados sean dados a conocer públicamente para poder establecer la verdad histórica, y de ser posible y en caso de que el crimen no haya prescrito (sobreentendiéndose que los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben, digan lo que digan los leguleyos enfrascados en argumentaciones sofistas de carácter legaloide que a fin de cuentas no convencen a nadie) llevar a los culpables que queden ante la justicia. Ciertamente esto es algo en lo que creen algunas de las muchas víctimas del franquismo en España. Pero recientemente, su fé en eso que se concibe como Justicia ha sido puesto a una dura prueba como podemos verlo en la siguiente nota:
Juzgarán a juez Garzón por investigar desapariciones del franquismo
Agencia AFP
7 de abril del 2010
El juez español Baltasar Garzón será juzgado por haber investigado sobre los desaparecidos de la Guerra Civil española y la represión posterior de la dictadura franquista (1936-1975) sin presuntamente tener competencia para ello y obviando una ley de amnistía general de 1977.
El juez del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela decidió abrir el procedimiento para juzgar a Garzón, objeto de una demanda de varias organizaciones consideradas de ultraderecha, por su investigación de los crímenes del franquismo, informaron este miércoles fuentes judiciales.
“Resulta poco cuestionable la probabilidad de que Garzón haya perpetrado los hechos de este proceso”, afirmó Varela, en su decisión hecha pública este miércoles.
“Consciente de su falta de competencia (...) construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal”, añadió Varela, asegurando que “ha lugar a proceder contra Baltasar Garzón por un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es)”.
Tras esta decisión, que abre la puerta a una suspensión en sus funciones de Garzón, los querellantes tienen un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación contra el juez de la Audiencia Nacional.
Desde mayo de 2009, tres entidades minoritarias consideradas de ultraderecha —el sindicato Manos Limpias, la formación ultraderechista Falange Española de la JONS y la asociación “Libertad e identidad”— presentaron denuncias contra Garzón.
Las acusaciones se basan en su decisión de octubre de 2008 de investigar la suerte de más de 114 mil desaparecidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y de los primeros años del franquismo, y de autorizar la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterrados republicanos, derrotados por el levantamiento militar liderado por Francisco Franco.
En un auto de febrero, el juez Varela ya había reprochado a Garzón realizar una instrucción sin tener competencias, atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito y estaban amnistiados (por una ley de 1977).
De esta manera, el magistrado que dio impulso a los procesos judiciales contra autores de crímenes de lesa humanidad en Latinoamérica, podría verse condenado por su breve instrucción de una causa similar en su país.
Garzón tiene en su haber la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998 y la investigación de crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990).
El juez Garzón defendió en su momento para abrir la causa sobre los desaparecidos en España que el delito de “detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad” es “permanente”.
La decisión de Varela ha sido criticada este miércoles por asociaciones de víctimas y defensores de derechos humanos.
“Si este juicio se produce sería el primer caso que conociéramos de que un juez, que intenta conseguir verdad, justicia y reparación para más de 100 mil desaparecidos, es procesado”, dijo el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
“Es un día triste para la justicia", añadió el portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, que considera que "estamos viendo a familias de 113 mil desaparecidos que en ningún lugar de este país pueden recibir refugio para conseguir justicia y eso para mí es de una gravedad trascendental”.
El reclamo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica es un reclamo tan justo como el reclamo de los pocos sobrevivientes de las centenas de millares de judíos que terminaron sus días en los hornos crematorios de Hitler y que han estado exigiendo una justicia que les ha sido dada a cuentagotas.
No resulta clara la relación de parentesco que pueda tener el juez del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela que dió entrada a la petición de los ultraderechistas franquistas de España con el redomado neo-Nazi Pedro Varela que a través de su mil veces siniestro CEDADE (Centro Europeo de Amigos de Europa, ¿?) está dedicado en cuerpo y alma a promover la resurrección del franquismo y el neo-Nazismo en toda España, aunque si la hay seguramente ambos la negarán por donde más les convenga.
En última instancia, el ataque montado en contra del juez español Baltazar Garzón es para impedir a toda costa que los numerosos crímenes cometidos por el Franquismo puedan ser conocidos, lo cual exhibiría a Francisco Franco como lo que realmente fue en vida, un criminal despiadado en toda la extensión de la palabra cuya instauración como dictador absoluto de España fue posible gracias al apoyo militar brindado por otro criminal tan brutal y despiadado como él, Adolfo Hitler. ¿Cómo -dirán los fanáticos de la recalcitrante ultraderecha española- es posible que se cuestionen los altos valores morales, el “respeto por la vida” y los derechos humanos, la “grandeza espiritual” así como la “generosidad” y el “don de gentes” del Generalísimo a quien todos los españoles supuestamente le deben de estar muy agradecidos por haberse atornillado en el poder como dictador perpetuo pese a que su lucha era supuestamente para la restauración de la monarquía, hundiéndolos en un equivalente de la Edad Media? ¿Cómo es posible que a este “salvador” se le quiera hacer pasar de héroe nacional a criminal y verdugo? Y recurrirán como siempre lo hacen a la desgastada exculpante por comparacióndiciendo “bueno, también los republicanos y los comunistas dejaron tras de sí su propia estela de cadáveres, y como al Generalísimo y a sus huestes les tocó ganar y a ellos les tocó perder pues a él y a nosotros sus apologistas nos corresponde el derecho de re-escribir la Historia como nos dé la gana para presentarlo como un héroe más grande incluso que el Cid Campeador magnificando sus hazañas en el campo de batalla presentando al mismo tiempo a sus enemigos como verdaderos villanos indignos de vivir, lo cual más que justifica sus muertes”, cantando tras esto loas a Franco y a Hitler como acostumbran hacerlo pseudo-historiadores revisionistas como el neo-Nazi de Barcelona Joaquín Bochaca.
En última instancia, a lo que más deben temer no sólo los españoles sino todos los moradores del continente europeo, más que a la invigorizada resurgencia del Franquismo, es a la presencia de gente “entrenada” en cierta universidad privada de la ciudad de Guadalajara en México que esté promoviendo en estos momentos dentro de España la fundación de sociedades secretas de ultraderecha cohesionadas por juramentos terribles y anticristianos de lealtad eterna y laborando secretamente para la instauración paulatina de un gobierno paralelo que les permita ir tomando las riendas del poder a espaldas de todos los españoles. Después de todo, esta táctica basada en el engaño, la infiltración y la traición ya les ha dado muy buenos resultados en México, y el centro educativo principal desde donde se ha tejido a lo largo de varias décadas esta conspiración se mantiene funcionando a todo vapor. ¿Por qué no habría de funcionar también en España, en donde la renaciente ultraderecha española está empezando a flexionar su músculo para impedir a toda costa que se pueda conocer la verdad histórica de un hombre que terminó empapándose con la sangre de centenares de españoles después de terminada la guerra civil con la cual se retrasó por más de medio siglo el arribo de la democracia a España? Sin embargo, antes de que España termine igual que México, bien harían los españoles en repasar lo que está sucediendo en México a manos de esta gente. Y ponerse a pensar y a reflexionar si esto es lo que realmente quieren para sus hijos y nietos en toda la península ibérica.
España no es el único lugar en donde los sistemas de impartición de justicia están bajo un acoso despiadado a manos de gente tan mal informada como ultrafanática, como podemos verlo en la siguiente nota:
Asesinan a juez ruso que sentenció a neo-Nazis
Associated Press
11 de abril de 2010
Un juez ruso que sentenció a prisión a dos extremistas neonazis responsables de decenas de asesinatos por intolerancia racial fue asesinado hoy a disparos en medio de una ola de violencia contra los activistas y funcionarios opuestos a los nacionalistas rusos.
El juez de Moscú Eduard Chuvashov:
murió a tiros en un aparente ataque de sicarios ocurrido en la escalera de su edificio de apartamentos, en el centro de la ciudad, dijo el principal organismo de investigación ruso:
El asesino utilizó un silenciador y no dejó restos de bala, pero los investigadores obtuvieron videos de seguridad en los que se puede ver a un hombre alto con rasgos eslavos de unos 30 años que sale del edificio de apartamentos poco después del asesinato, informaron las autoridades.
"Tenemos pistas definitivas", dijo el investigador Pyotr Titov en una entrevista transmitida por televisión.
Un importante grupo activista dijo sospechar de una organización ultranacionalista de extrema derecha que tiene presuntos vínculos con organizaciones juveniles apoyadas por el Kremlin. Dijo que esa organización podría estar relacionada con el asesinato y con la intolerancia contra Chuvashov en internet. Uno de los líderes nacionalistas negó las acusaciones.
Rusia ha sufrido un aumento marcado en la xenofobia y los ataques raciales tras la caída de la Unión Soviética, mientras que el número de organizaciones extremistas ha aumentado marcadamente.
Mientras la nación pasa por una crisis económica, los grupos nacionalistas han atacado a los inmigrantes de piel oscura provenientes de las naciones ex soviéticas del centro de Asia y de la región de Cáucaso, acusándolos de quitarle empleos a los rusos.
Chuvashov, de 47 años, había presidido varios casos importantes relacionados con asesinatos por intolerancia cometidos por neonazis y cabezas rapadas.
En lo que va del año 12 personas han sido asesinadas y más de 70 heridas por ataques racistas, informó el centro Sova. En 2009, 71 personas murieron y 333 resultaron heridas, agregó.
La aparición en territorio ruso de extremistas de ultraderecha que se sienten con pleno derecho de tomar una pistola en sus manos para aplicar su propia versión de lo que debe ser la Justicia asesinando a su gusto a los Jueces y Magistrados que la imparten está haciendo a muchos rusos añorar los viejos tiempos del imperio soviético en los cuales no se toleraban las actividades de este tipo de gente despachándolas con prontitud a Siberia o al paredón de fusilamiento. Si bien es mucho lo que se puede decir en contra del comunismo soviético bajo el cual también se cometieron injusticias, al menos en ese entonces nadie se podía quejar de que hubiera inseguridad en las calles. En aquél entonces no había terroristas de ultraderecha matando a Jueces y Magistrados. En aquél entonces tampoco había terroristas musulmanes cometiendo atentados en contra de la población civil ni dinamitando aviones y trenes subterráneos. Tampoco había poderososo cárteles de las drogas así como narcotraficantes y sicarios (como los que hay ahora en México) porque el Estado soviético simple y sencillamente no permitía ni toleraba esas cosas; y de cualquier modo ningún traficante de drogas se habría podido enriquecer a manos llenas (como ocurre hoy en México) sin que el Estado se diera cuenta de ello con una reacción inmediata ya sea con una deportación a Siberia o con una bala en la nuca. A cambio de una mayor libertad con el colapso del comunismo soviético, a los rusos no tardó en llegarles la factura con una mayor inseguridad como nunca antes la habían padecido; al igual que la terrible inseguridad que hoy se padece en un México mal gobernado por una derecha de corte cada vez más ultraconservador al estar siendo infiltrado el partido en el poder por gente como la que en otras partes del mundo tiene bajo un virtual estado de sitio a impartidores de justicia como el Juez Baltasar Garzón y el Juez Eduard Chuvashov.
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POST SCRIPTUM:
El 15 de mayo del 2010, como si para demostrar que el Franquismo fascista de línea dura está más vivo que nunca en España, con los aplausos distantes de los militantes de organizaciones mexicanas ultraderechistas también pro-Franquistas de línea dura tales como la Organización Nacional del Yunque y sus creadores los Tecos de la ultraderechista Universidad Autónoma de Guadalajara, el Tribunal Supremo suspendió en sus funciones al Juez Baltasar Garzón, propinándose a sí mismo un golpe espectacular ante la opinión pública mundial y dejándose en el más espantoso de los ridículos, si hemos de dar crédito a los que nos dice el siguiente editorialista:
El juez Garzón y el bumerang fascista
Raúl Jiménez Vázquez
Revista Siempre! Núm. 2972
30 de mayo del 2010
El caso del juez Baltasar Garzón tuvo un primer desenlace. La embestida de la ultraderecha alcanzó uno de sus objetivos estratégicos: la suspensión temporal del cargo judicial que a lo largo de más de 20 años ejerció el jurista oriundo de Jaen, Galicia, adosada con la negación de la licencia para ocupar el cargo de asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, la que al parecer será revocada por el Consejo General del Poder Judicial.
La despedida del letrado de las instalaciones de la Audiencia Nacional fue auténticamente apoteósica —como pocas veces se había visto dentro de la judicatura europea—, en medio de aplausos, vivas y gritos solidarios de jueces, fiscales, empleados y víctimas del franquismo y de las dictaduras del cono sur. Coincidió con la celebración de la reunión cumbre de la Unión Europea y América Latina y ello dio pie para que los jefes de Estado de Argentina y Brasil le externaran su apoyo y su reconocimiento.
La presidenta Cristina Kirchner dijo al respecto: “Él convirtió a España en un faro de los derechos humanos”. Francia lo enalteció haciéndole entrega del galardón Premio Libertad y Democracia. Desde su refugio en Lanzarote, en las Canarias, el Premio Nobel de Literatura José Saramago emitió un emocionante comunicado aseverando: “Las lágrimas del juez Garzón hoy son mis lágrimas”.
¿Cuál es el mérito de este hombre? ¿Por qué ha despertado tantas simpatías? Curiosamente, la respuesta a esas interrogantes se localiza en la intensidad de los enconos que subyacen en la acción legal emprendida por los adictos al régimen franquista.
El deseo de discernir la verdad y procurar justicia a las víctimas de los genocidios y los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los años de 1936 a 1977 les pareció subversivo y violatorio de la ley 46/1977, en la que se plasmó la amnistía negociada en el contexto de la transición democrática aterrizada en los famosos Pactos de la Moncloa.
Más que una medida de corte jurídico, con esa querella la ultraderecha española está enviando un mensaje de claro contenido político —con consecuencias para la vida democrática de España aún no suficientemente aquilatadas—, que bien podría resumirse en la siguiente paráfrasis: “Somos intocables, nadie tiene derecho a juzgarnos y, de ser necesario, volveremos a cometer las mismas atrocidades”.
Así expresado, el planteamiento encierra una cuestión que a estas alturas no admite duda o debate alguno porque ya es cosa juzgada en los ámbitos del derecho penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos. En el fondo, los falangistas están pretendiendo reescribir en clave de fascismo la historia contemporánea y dar marcha atrás en el largo y azaroso camino recorrido en aras de la defensa de la dignidad humana.
Su intención es desconocer o anular principios superiores cuya consagración no fue el fruto de sesudas investigaciones académicas, sino que significó una muy importante dosis de sangre, sudor y lágrimas. La cuota inicial consistió en los más de diez millones de vidas humanas sacrificadas en los campos de concentración de Auschwitz, Treblinka y otros más.
Desde el enjuiciamiento de los jerarcas del partido nacionalsocialista por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg quedó perfectamente establecido que no es lícito hacer un uso criminal de la soberanía nacional y que existen principios universales de carácter inderogable, cuyo desconocimiento por las normas del derecho interno determina la invalidez o nulidad de estas últimas.
Fue así como se desmontó el argumento nuclear esgrimido por la defensa de los nazis en el sentido de que las hórridas acciones de exterminio masivo de seres humanos eran legales (¿?) y no podían ser penalizadas, pues estaban avaladas por las inefables siete leyes de Nuremberg para la protección de la raza y el honor alemán (¿?) aprobadas por el Bundestang y promulgadas por Hitler en el año de 1935.
Su naturaleza jurídica corresponde a lo que en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 se denominan principios ius cogens o normas imperativas de derecho internacional general que no admiten acuerdo en contrario.
Acorde a lo preceptuado por el artículo 27 de dicho tratado internacional, ningún Estado puede alegar o invocar su derecho interno a fin de justificar el incumplimiento de esos postulados de observancia obligatoria.
Dentro de tales principios mandatorios destacan por su importancia aquellos que disponen lo siguiente en relación a los genocidios, los crímenes de lesa humanidad y los demás delitos que afectan y trascienden a la comunidad internacional en su conjunto: I) deben ser perseguidos dondequiera y cualquiera que haya sido el lugar y el tiempo de su ejecución material; II) son de naturaleza imprescriptible; III) no son susceptibles de amnistía, perdón o indulto.
La prohibición ius cogens de la amnistía, el indulto o el perdón de dichos crímenes ha sido plenamente reconocida por diversos órganos de la ONU, como la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos. También fue acogida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el emblemático fallo dictado en el asunto August Kolk y Petr Kislyiy.
Lo mismo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir las sentencias inherentes a los casos paradigmáticos de Barrios Altos y Gómez Paquiyauri (Perú), Agustín Goiburú (Paraguay), Daniel Tibi (Ecuador), Almonacid Arellano y David Bulacio (Argentina) y Masacre de Plan Sánchez (Guatemala).
En Argentina se ha procedido en forma similar, baste mencionar las sentencias emitidas por sus tribunales en sendas causas abiertas en contra de Leo Franz Schwammberger, Erich Priebke,Jorge Rafael Videla, Julio Héctor Simón, Santiago Omar Riverosy Enrique Lautaro Arancibia Clavel. Más aún, la Corte Suprema de Uruguay acaba de declarar la nulidad de la ley de amnistía y caducidad pactada a favor de los militares que dieron el golpe de estado de 1973.
Así pues, alrededor de la imposibilidad de amnistiar los crímenes internacionales existe un absoluto e irrevocable consenso jurídico, ético y político. Por consiguiente, la ley 46/1977 es nula de pleno derecho y los presuntos responsables deben ser objeto de los correspondientes procesos penales. Al apartarse de ese mandato categórico, al negarse a efectuar los enjuiciamientos respectivos, el Reino de España incurrió en una responsabilidad internacional reclamable ante la Corte de la Haya.
Por tal motivo, ahora los crímenes de la dictadura franquista pueden ser investigados y castigados por cualquier otro Estado, incluyendo a México, en base al principio de la jurisdicción universal.
Los actos que están llevando a cabo los albaceas ideológicos y políticos del otrora caudillo por la gracia de Dios significan un reto de enormes proporciones históricas y jurídicas que no debe ser tolerado en forma alguna. Los principios humanistas y penalísticos de referencia son parte fundamental del acervo de las conquistas irrenunciables de la humanidad, como también lo es la majestuosa Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, la comunidad internacional en su conjunto, no pueden dejar pasar ese insolente desafío. Es menester devolver el bumerang lanzado por los fascistas asentando en él una sola, una breve, precisa, contundente e indeleble leyenda: “¡¡No pasarán!!”
Veamos ahora la siguiente opinión de un conocido editorialista:
Cuentas sin saldar
Lorenzo Meyer
Analista Político
28 de abril del 2010
Contabilidad. Hoy, Argentina, España y México son ejemplos de cómo se enfrentan o se evaden las cuentas políticas sin saldar con los autoritarismos del pasado. Las cuentas son varias, pero las de mayor peso moral, son las que se refieren a las responsabilidades por las violaciones masivas a los derechos humanos cometidos por los regímenes del pasado inmediato.
Desde el principio, los excesos de los antecesores han planteado un dilema ético y político a los sucesores: confrontar el pasado aun a riesgo de reabrir las viejas heridas o seguir posponiendo el día del juicio en espera de que el tiempo termine por desgastar el recuerdo y el olvido se imponga sobre la memoria.
En cualquier situación de deber y haber, incluidas las políticas, hay dos posibilidades: se hace un esfuerzo y se liquida la deuda o se pospone y se prolonga el problema. En este último caso, se puede negociar con el acreedor pero también, si no se tienen recursos o vergüenza, se puede ignorar el asunto y que el afectado le haga como pueda: que se resigne o que se eche encima el pleito y los problemas, frustraciones y peligros que implica. En estos tiempos disponemos de ejemplos cercanos que ilustran bien la complejidad y naturaleza de las deudas de transiciones políticas donde, inevitablemente, se planteó el qué hacer frente a los crímenes del pasado.
Argentina. El mes pasado un tribunal federal dictó sentencia contra el general retirado Reynaldo Benito Bignone, de 82 años, y último presidente del régimen militar que tomó el poder mediante un golpe en 1976, que luego se asentó en un terrorismo de Estado y que, finalmente, cayó en 1983 a raíz de su rotundo fracaso en su intento de legitimarse por la vía de una guerra: la reconquista de las Islas Malvinas. La derrota de los militares argentinos por los ingleses, y que costó más de 600 vidas, fue el último pago que el país del sur debió hacer para acabar con una dictadura que asesinó al menos a 13 mil personas según las cifras oficiales, en su mayoría obreros y estudiantes.
Bignone, antes de dejar el poder a un mandatario civil democráticamente electo, Raúl Alfonsín, ordenó destruir la documentación sobre la guerra sucia contra los opositores y dictó la ley 22.924 que amnistiaba a todos los militares que, como él, hubieran participado en la “guerra contra la subversión”. Al final, la auto amnistía no valió, pues ya en la democracia el congreso la declaró nula y permitió el ajuste de cuentas, cuyo último episodio fue el de Bignone: una sentencia de 25 años de prisión –y no en su domicilio sino en una prisión federal– por crímenes de lesa humanidad mientras fue el encargado de los centros de detención de Campo de Mayo. El general fue encontrado directamente culpable de 11 allanamientos ilegales, 6 robos, 15 privaciones ilegales de la libertad, 38 casos de tortura y 29 desapariciones. La democracia argentina tendrá aún muchos problemas a resolver, pero ya no el de saldar sus cuentas con el pasado, cosa que no pueden decir ni España ni México.
España. Hoy, en España, los patos le tiran a las escopetas. Y es que el juez Baltasar Garzón, el mismo que tuvo el arrojo e imaginación suficientes para ordenar el arresto del general Augusto Pinochet, ex dictador militar chileno, por considerarlo responsable de la tortura y muerte de varios ciudadanos españoles en Chile, se encuentra hoy sometido a juicio por intentar investigar en su país las desapariciones de españoles durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista.
Si los jueces conservadores, especialmente el magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, se salen con la suya y logran que Garzón sea encontrado culpable de excederse en su autoridad al investigar los crímenes franquistas –se le acusa de contravenir a sabiendas la ley de amnistía de 1977–, entonces puede ser suspendido de su cargo hasta por veinte años. Esa suspensión significaría el fin de la carrera del abogado más famoso de España –su biografía subraya que ha recibido ya ¡21 doctorados Honoris Causa! – y un triunfo innegable de sus acusadores.
Y los acusadores de Garzón ¿quiénes son? Pues nada menos que los franquistas: Falange Española de la JONS –única organización política permitida durante la dictadura franquista– y las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad. Detrás de los acusadores de Garzón está el actual partido de oposición en España y aglutinador de las derechas de ese país: el Partido Popular (PP). El fundador del PP, Manuel Fraga, señaló que “algunos compañeros se han cansado de verlo [a Garzón] constantemente en las primeras páginas de los periódicos” y que por eso le están pasando “la factura.” (Público, 26 de abril). Pero la explicación completa tiene que ver con algo más que fastidio y que con una revancha porque Garzón abrió una investigación por corrupción contra 43 personajes relacionados con el PP en Madrid, Valencia y Costa del Sol (trama Gürtel). La explicación completa debe, además, incluir el esfuerzo por la reivindicación del franquismo.
Vista desde este lado del Atlántico, la transición política española resultó ejemplar: tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 se llegó a un gran acuerdo entre derechas e izquierdas y se elaboró la nueva constitución de 1978. Las elecciones posteriores han permitido la alternancia sin problemas entre gobiernos de centro izquierda (PSOE) y de derecha (PP). Sin embargo, la clase política española decidió, literalmente, que no era prudente desenterrar a los muertos que aún están en fosas comunes que datan de la guerra civil y que, por tanto, están en, y son, la raíz misma del antiguo régimen, de la dictadura franquista. No hacer presente un pasado de todos conocido pero cuyos herederos no desean que se vuelva a discutir, fue uno de los límites implícitos que la derecha puso como condición del juego democrático español.
Brutalidades y fusilamientos en masa los hubo en los dos bandos que libraron la guerra civil española, pero los vencedores tuvieron oportunidad de llevar a sus muertos al sitio que finalmente quisieron –el Valle de los Caídos–. Era y es imposible que con el advenimiento de la democracia, los vencidos no quisieran recuperar a los suyos y en buena forma.
Desde fuera, la opinión pública está con Garzón. Como bien lo señalara una editorial del 9 de este mes de The New York Times,ninguna ley de amnistía es superior a la obligación moral y jurídica de investigar un crimen contra la humanidad y eso, precisamente, son las cien mil desapariciones de españoles durante la Guerra Civil y el primer decenio del franquismo.
El crimen que ahora está siendo juzgado por la opinión pública mundial es justamente el que se niegan a abordar los tribunales españoles: esa desaparición masiva y el esfuerzo de esos tribunales por impedir la investigación. Desde fuera, el juicio contra Garzón es “una parodia de justicia” pues lo que le urge a España es “saldar cuentas con su problemático pasado”.
México. Cuando el PRI fue echado de Los Pinos tras la elección del 2000, una derecha que en numerosas ocasiones se dijo víctima del autoritarismo priísta, la panista, se comprometió a confrontar a ese partido con sus múltiples actos de gran corrupción y con sus crímenes políticos, en particular los asesinatos masivos de estudiantes en 1968 y 1971, los desaparecidos durante la “guerra sucia” de los 60 y 70 y otros similares, todos ellos identificados con causas y movimientos de izquierda. Sin embargo, la obsesión del primer gobierno del supuesto nuevo régimen por detener el avance de la izquierda, le llevó a buscar un acuerdo con un PRI que, desprestigiado y todo, mantenía el control de más de la mitad de los gobiernos estatales y una fuerte presencia en el Congreso. De ahí que de muy poco sirviera la creación de la “Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”. La tristemente célebre fiscalía –célebre por lo largo de su título y sus gastos y lo corto de sus logros– recibió más de 300 denuncias de desapariciones forzadas pero, antes de desaparecer, sólo logró que se giraran dos órdenes de aprehensión de personajes secundarios.
Conclusión. A diferencia de Bignone, el ex presidente Luis Echeverría sigue cómodamente instalado en su casa e incómodamente en la conciencia colectiva.
En contraste con España, dentro del nuevo régimen mexicano ni siquiera hubo la sombra de un juez Garzón pero sí la posibilidad de un retorno de un PRI que nunca rindió cuentas. Como la justicia nunca ha sido justa con México aumentan los intereses de las cuentas históricas por saldar.
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