La lucha desesperada por propulsar la candidatura de Josefina Vázquez Mota desde la misma Presidencia de la República en el 2012 se destaca no solo por lo que si hizo, inclusive rayando en lo ilegal, sino por lo que NO se hizo. Una de las cosas que NO se hicieron pero que de cualquier modo se tenían planeado hacer era aplicarle un virtual veto presidencial a la Ley General de Víctimas. Veamos la siguiente nota:
Calderón traicionó su palabra, acusa Sicilia
Thelma Gómez Durán
EL UNIVERSAL
6 de julio del 2012
Integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y dignidad (MPJD) consideraron que el presidente Felipe Calderón“traicionó su palabra”, al no publicar la Ley General de Víctimas y regresarla al Congreso de la Unión con observaciones fuera de los tiempos establecidos por la Constitución.
La acción del Ejecutivo es “un veto que representa una burla al dolor y demandas de las víctimas”, dijo Emilio Álvarez Icaza.
“Un hombre que falta a su palabra, no vale nada. El presidente, en este momento, no vale nada para nosotros. Está faltando a su compromiso y a su palabra. Está violentando la Constitución. Hago un llamado muy fuerte al Presidente de la República para que honre su palabra y sea digno con las víctimas”, declaró Javier Sicilia.
Los integrantes del MPJD acusaron a Ejecutivo y al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Óscar Martín Arce, de “secuestrar” el decreto de la Ley General de Víctimas, realizando un acto fuera del marco legal para no vetar la ley en tiempos electorales.
Álvarez Icaza presentó copia del oficio que la Secretaría de Gobernación envió a la Comisión permanente, para regresar el decreto de ley con observaciones. Este oficio se envió el domingo 1 de julio, a las 20:26 horas, cuando ya se habían dado a conocer las tendencias en las elecciones.
Los integrantes del MPJD informaron que después de que la ley se aprobó por la Cámara de Diputados, el 30 de abril pasado, el tiempo para que el Ejecutivo federal enviara sus observaciones se cumplió el 9 de junio pasado.
“Si el Presidente desea proponer modificaciones a la ley debe hacerlo a través de una reforma o presentando una controversia ante la Suprema Corte de Justicia... No nos oponemos a que se mejoren las leyes, pero se debe hacer en el marco y con los instrumentos de la ley y en los tiempos marcados”, señaló Álvarez Icaza.
Por ello, los integrantes del MPJD dijeron que no participarán en las mesas de diálogo que propuso el Ejecutivo para discutir sus observaciones a la Ley General de Víctimas.
Además, el 19 de junio venció el plazo que tenía el Ejecutivo para promulgar y publicar la ley. De acuerdo con los tiempos que marca la Constitución, si el Ejecutivo no respeta estos tiempos, “la ley se considera promulgada”, recalcó Álvarez Icaza.
Los integrantes del MPJD exigieron al presidente Felipe Calderón que cumpla con su palabra y publique la Ley General de Víctimas en el Diario Oficial de la Federación. De no hacerlo, señalaron, estará en “una flagrante violación constitucional”.
Para Sicilia, el veto a la ley es “muestra de la lejanía absoluta entre la clase política y la realidad del país. Es el desprecio a no ver la emergencia nacional que han provocado”.
De este modo, no conforme de tener en sus manos la sangre de los más de 60 mil cadáveres que le produjo al país con su guerra de legitimación, el palo dado por Felipe Calderón fue propinado directamente a todas las víctimas de tan desastrosa aventura propiciada por él como Comandante en Jefe del Ejército.
El momento seleccionado para aplicar el veto presidencial fue de naturaleza puramente política y electorera buscando no perjudicar a la candidata presidencial del PAN. Si el veto se hubiera aplicado desde antes de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales el primero de julio del 2012, lo más seguro es que tanto el PAN como su candidata Josefina Vázquez Mota habrían terminado por desfondarse y es posible que no habría alcanzado ni siquiera el 15 por ciento del voto popular. El palo se dió el 5 de julio del 2012, cuatro días después de haberse celebrado las elecciones presidenciales cuando tan ignominioso veto ya no podía ocasionar daño alguno al ultraderechizado Partido Acción Nacional ni a su candidata.
Los apologistas del régimen derechista ultraconservador enemigo del pueblo de México justifican la acción tomada por Felipe Calderón alegando que era necesario regresar la Ley General de Víctimas al Congreso “con las observaciones pertinentes” para hacer “las correcciones necesarias” que supuestamente se le tenían que hacer a dicha Ley. Bajo otras circunstancias, esto podría ser cierto, excepto que en este caso se trata de una Ley que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados POR UNANIMIDAD, no por mayoría relativa o mayoría absoluta, sino por unanimidad, y también había sido aprobada en la Cámara de Senadores POR UNANIMIDAD, no por mayoría relativa o mayoría absoluta, sino por unanimidad. De hecho, es una de esas ocasiones históricas raras en el Congreso de la Unión en la que el Congreso de la Unión envía algo al escritorio del Presidente de México aprobado por unanimidad por ambas cámaras. Pero de cualquier modo, Felipe Calderón le dió palo, esperándose ladinamente a que hubieran pasado las elecciones para darle el palo al pueblo de México. Esto hace suponer con toda razón, desde luego, que hasta los Diputados y Senadores federales del PAN que no estaban muy de acuerdo en todo lo que contenía el paquete de cualquier modo le dieron su voto al haber sido asegurados previamente por el presidente nacional del PAN Gustavo Madero que de cualquier modo el Presidente Calderón le daría palo en cuanto hubieran pasado las elecciones presidenciales. Actitudes de este tipo son precisamente las que han dado pie a críticas como las siguientes:
Título: Congruencia panista
Cartonista: Hernández
Fuente: LA JORNADA
A continuación tenemos a Javier Sicilia recibiendo del Presidente Felipe Calderón lo que muy bien pudiera calificarse como el abrazo de Judas antes de que el Presidente le clavara un puñal por la espalda al movimiento encabezado por Javier Sicilia en una actitud típica de los traidores que militan dentro de las filas de la derecha ultraconservadora para los cuales el engaño y la traición no tienen nada de malo:
Y para no quedar atrás, buscando aprovechar oportunísticamente el momento con fines meramente políticos y electoreros, también la candidata del PAN-Gobierno sumó su propio abrazo al abrazo dado por Felipe Calderón a Javier Sicilia:
En relación al puntapié asestado por Felipe Calderón al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, puntapié dado a los familiares de las más de 60 mil víctimas que ha ocasionado su desastrosa guerra de legitimación en contra del narcotráfico, e inclusive dado también al mismo Congreso de la Unión que aprobó por unanimidad la Ley General de Víctimas, destaca el contenido de la siguiente nota:
La ¿última? traición de Calderón
Marcela Turati
Agencia APRO
12 de julio del 2012
La Ley General de Víctimas sería el primer paso del gobierno calderonista para reivindicar a las víctimas inocentes de la delincuencia organizada y la guerra militarizada contra el narcotráfico. Sin embargo, el proyecto elaborado por juristas, académicos e integrantes del Movimiento por la Paz que encabeza Javier Sicilia se topó con un obstáculo: el propio Felipe Calderón. Por eso Sicilia lo acusa de traición a su palabra y a la Constitución, mientras que el defensor de derechos humanos Édgar Cortez advierte que con esa maniobra el mandatario saliente libró también a Enrique Peña Nieto de esa deuda del Estado mexicano.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad señala la emergencia: si en este momento no se publica la Ley General de Víctimas (LGV) que la Presidencia “vetó”, el Estado no se responsabilizará por los daños de la guerra contra el narcotráfico y quedarán al garete los 70 mil muertos, los 20 mil desaparecidos, los cientos de miles de desplazados, los miles de huérfanos, viudas, heridos, familias rotas y comunidades sin paz.
Esta ley, dice en entrevista Javier Sicilia, fundador del movimiento, “la secuestraron, midieron los tiempos y usaron a las víctimas de carne electoral; y el mismo 1 de julio, cuando ven perdidas las elecciones, la mandan de regreso al Congreso, contraviniendo plazos e insultando a las víctimas, despreciando el trabajo de los legisladores, de los expertos de la UNAM y del Inacipe (Instituto Nacional de Ciencias Penales). Esta es una gran traición del presidente, que no quiere asumir la deuda del Estado con las víctimas”.
El también colaborador de Proceso critica: “Como (Calderón) no quiso vetar la ley durante el proceso electoral, la secuestró por 20 días y esperó a que pasaran las elecciones para vetarla. Tal parece que quieren reventar la ley: primero cometió una falta flagrante a la Constitución y a los tiempos que marca, es la palabra empeñada del presidente, y la regresan en un momento tan tenso y delicado, después de las elecciones, cuando las cámaras no están sesionando… y cuando sesionen entrarán los nuevos”.
La tormenta se desató el 1 de julio, cuando el Poder Ejecutivo, con el argumento de que la LGV requiere ser mejorada antes de su promulgación, la devolvió al Poder Legislativo. Esto, a pesar de que fue aprobada el 30 de abril y tenía 30 días para promulgarla o 10 más para hacerle observaciones.
El Ejecutivo argumentó que el Congreso no tiene facultades para decretar una ley de carácter general que distribuya competencias entre los niveles de gobierno; que la LGV es incompatible con otras legislaciones y con el sistema de atención a víctimas ya existentes; que su implementación tendría alto costo; además de que libra a los gobernadores, presidentes municipales y delincuentes de sus responsabilidades hacia las víctimas, y carga todos los costos al gobierno federal.
“Si tienen dinero para la guerra, ¿cómo no van a tener? Si gastaron en monumentos suntuosos, como la Estela de Luz, de mil millones de pesos, o en estas elecciones de la ignominia, que costaron 25 mil millones, y todo lo demás que no reportan… Es indignante que estén fijándose en los costos. ¡Eso se llama saduceísmo, miseria, mezquindad!”, señala.
“Hay una deuda del Estado que decretó una guerra, y si quieren que pague el delincuente pues que lo agarren. ¡Hay una responsabilidad del Estado por falta de justicia, porque hay 98% de impunidad!”, continúa el poeta, que alzó la voz contra la estrategia de la guerra a raíz del asesinato de su hijo el 26 de marzo del año pasado.
Guadalupe Pérez Rodríguez, quien era secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados cuando se realizó el trámite de envío de la LGV, calificó como una falta de respeto a las víctimas y una “chicana” lo que hizo el Ejecutivo, ya que por excederse en los plazos es violatorio de la Constitución.
“Es completamente irregular lo que ha pasado, una violación constitucional. Debe haber un respeto absoluto a las víctimas, a los compromisos de nuestro partido y de todas las demás facciones y del presidente. Con esto se falta el respeto a las víctimas y a la legalidad, por lo que el decreto debería publicarse”, indica en entrevista, perpleja porque en los tres años que estuvo en la cámara no vio nada semejante.
La legisladora priista explica que aunque el 10 de mayo ella envió al Ejecutivo federal el decreto de la LGV, éste siguió “un trámite poco claro” cuando el secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara, el panista Óscar Martín Arce Paniagua, solicitó a Gobernación que devolviera el documento, con lo que detuvo el plazo para que fuera publicado (el secuestro del que habla Sicilia); hasta 20 días después se volvió a enviar el decreto original a la dependencia federal.
“La Secretaría de Gobernación argumentó que era en esa fecha –1 de junio– y no el 10 de mayo cuando lo recibió por primera vez, y la tomó como fecha en la que iniciaba el cómputo de los 30 días para publicar la ley (…). Para el Senado de la República el plazo oficial inició el 10 de mayo y no el 1 de junio”, explica.
La legisladora señala que, ante estas circunstancias, existen tres posibles destinos para la LGV: su regreso al Senado, su promulgación o su veto.
La primera implica que la Cámara de Senadores acepte las observaciones del Ejecutivo, con lo que no podría ser revisada y votada hasta octubre próximo, cuando se instalen nuevas comisiones; la segunda, que se rechacen las observaciones y se publique el decreto de la LGV en el Diario Oficial de la Federación; y la tercera, que se inicie una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que defina cuál fue la fecha real en la que se vencía el plazo para publicarla. Si se reconoce la versión del Legislativo, sería el 10 de mayo y la ley entraría en vigor, pero si le da la razón al Ejecutivo el veto será válido.
“Si esta norma no está vigente y no existe un instrumento para darle certidumbre, queda a la deriva. Por eso debemos exigir que se publique, se necesita de manera urgente e inmediata la atención a las víctimas. El envío del Ejecutivo a la cámara el 1 de julio es fuera de término, una chicana… No corresponde a las fechas de los términos para hacer observaciones o publicarla”, sostiene Pérez Rodríguez.
La ruta del instrumento legal
La LGV fue confeccionada durante nueve meses por expertos del Inacipe (a petición del Ejecutivo), especialistas de la UNAM e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Se incluyeron anteproyectos realizado por el PRI, el PAN y el PRD.
Según Julio Hernández Barros, experto del Inacipe, las diferencias surgieron desde las mesas de trabajo establecidas con Gobernación en la etapa de cabildeo. Y un senador confió a este semanario que posteriormente la dependencia pidió a varios legisladores que no aprobaran el proyecto.
Aunque el grupo parlamentario del PAN manifestó algunas reservas, al final diputados y senadores aprobaron la ley por unanimidad y se llevaron un reconocimiento público.
El 10 de mayo de 2012, a través del oficio DGPL 61-II-1-3420, dirigido al secretario Poiré y firmado por el senador Renán Cleominio Zoreda y la diputada Pérez Rodríguez, secretarios de las mesas directivas de las respectivas cámaras, se remitió el decreto de la ley al Ejecutivo federal, que contaba con 30 días naturales para hacerle observaciones y 10 días naturales para promulgarla y publicarla.
El Movimiento por la Paz indica que el 29 de junio, transcurrido el plazo adicional, la ley se considera promulgada. Causó tanto asombro que el Ejecutivo no lo hiciera, que el presidente de la Cámara de Senadores, el panista José González Morfín, a través del oficio DGPL.-2P3A.-6469, solicitó a Poiré que girara instrucciones “a fin de que se publique en el Diario Oficial de la Federación”.
En un comunicado, el movimiento señala: “La LGV fue ‘secuestrada’ 20 días, en una acción fuera del marco jurídico entre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado del PAN Óscar Martín Arce Paniagua, y la Secretaría de Gobernación”.
En el documento de observaciones al proyecto de decreto por el que se expide dicha ley, el Ejecutivo argumenta inconsistencias en el marco jurídico propuesto, incompatibilidad con otras leyes, inconsistencias respecto del esquema de protección y reparación a víctimas como “altos e incuantificables costos”, o que se excluye al jefe de Gobierno del Distrito Federal de las responsabilidades, así como violación a los principios del derecho penal democrático, por lo que el secretario Poiré ha insistido en que se devolvió la LGV al Legislativo para que la perfeccione antes de publicarse.
Sicilia señala: “Primero que cumplan, que la publiquen, después hacemos los cambios necesarios, porque a la inversa parece que quieren reventar la ley. Ahora nos están invitando a dialogar con el presidente, pero ¿qué tenemos que platicar cuando ya está el veto? Que se apegue a la ley, que la publique y hacemos las modificaciones convenientes y necesarias, pero así no”.
Desde la última semana de abril este semanario solicitó una entrevista al secretario de Gobernación para que exponga sus puntos de vista, pero la oficina de Comunicación Social no la ha autorizado.
Los miedos del Estado
La ley en cuestión pretende aplicar una reingeniería al sistema de justicia en favor de las víctimas de la violencia, con lo que activaría mecanismos para la reparación de los daños, permitiría diagnosticar los males causados durante la narcoguerra y reconocería los derechos de víctimas de la delincuencia común, de las organizaciones delictivas y de agentes del Estado.
Su promulgación implica la creación de un Registro Nacional de Víctimas, un Registro Nacional de Datos Forenses, un fondo para la reparación del daño, así como derechos como la restitución, indemnización y rehabilitación.
Entre sus novedades, la LGV establece que las víctimas deben recibir asistencia médica, psicológica y jurídica, rehabilitación, así como apoyo monetario, becas y asistencia humanitaria para que puedan dar seguimiento a sus casos ante la justicia sin empobrecer.
Les reconoce también el derecho a una investigación judicial pronta y efectiva, que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de todos los causantes del daño. Además, contarían con un instituto de abogados victimales que llevarán sus casos de principio a fin. Esta figura equivale a los defensores de oficio que defienden a los inculpados y tendría la facultad de proceder contra agentes investigadores, jueces u otras autoridades que obstruyan los derechos de sus defendidos.
Cuando el caso sea ganado, el ofendido podrá obtener hasta 1 millón de pesos, que saldría del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño. Si el victimario es funcionario de gobierno, el Estado deberá pagar los daños, pedir una disculpa pública y cumplir actos de reparación. Si el delincuente es un particular, deberá resarcir los perjuicios con sus propios recursos y, en caso de que no pueda hacerlo, el Estado entraría como subsidiario.
Se considera una víctima a quien acredite haber sufrido algún daño económico, físico, mental, emocional o jurídico a consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos, o sus familiares afectados o personas que dependían de la víctima directa.
El exsecretario de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Édgar Cortez, considera evidente la falta de disposición del Ejecutivo para asumir la responsabilidad que tiene el Estado hacia las víctimas.
“En el discurso público, en los encuentros con las víctimas, dice que sí las va a atender pero en los hechos demuestra que no quiere cumplir ni comprometerse. Como políticamente sería incorrecto, toma una vía de simulación. Así, Calderón reitera su posición de que las víctimas son daños colaterales y el Estado no tiene por qué hacerse cargo de ellas; ese es el fondo del asunto”, expresa.
Cortez considera peligroso que desde la Presidencia se bloquee la ley cuidando de desobligar a Peña Nieto de la atención a la gente que ha sufrido por la violencia y la delincuencia:
“Después del proceso electoral y de las sintonías que vimos del candidato del PRI con el gobierno del PAN, pesa la afinidad entre esos dos partidos, tal vez para que ninguno de los dos se quede con esa responsabilidad hacia las víctimas.
“Eso es totalmente deplorable porque la estrategia de seguridad ha tenido un costo electoral muy alto y tiene que haber una clara base para que el Estado responda a cada familia, y de forma colectiva, por lo que han significado las miles de personas ejecutadas, desaparecidas, y quienes han estado por años peregrinando buscando justicia sin encontrarla.”
Cortez, uno de los coordinadores del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y la Democracia, lamenta que el Movimiento por la Paz no haya involucrado en el proceso de construcción de la ley al mayor número posible de víctimas y defensores, lo que provocó que su contenido aún no sea suficientemente conocido y en consecuencia pocos salgan a defenderla.
“Está faltando la fuerza social que tuviera que estarse manifestando y reclamando para que esa ley entre en vigencia. No hubo un proceso de apropiación social de esa ley; es una debilidad, porque no aparece con contundencia el movimiento reclamando. Es la consecuencia de una falta de trabajo de construir el respaldo social que requiere una ley como ésta”, señala.
Las organizaciones de derechos humanos más importantes del país aún desconocen el contenido de la ley y no fueron consultadas. Cuando se le pregunta a Sicilia sobre esta omisión, señala: “Teníamos que sacarla en estos momentos, si no, ¿quién se va a hacer responsable de esta deuda? Si nos ponemos a consensuar, entonces no hay Ley de Víctimas. Además, no es un asunto de asambleísmos, es de expertos; hay víctimas que hablan por todos, como las del Castillo de Chapultepec. Son una muestra y sabemos perfecto cómo se nos han violado los derechos”.
Agrega: “Si el gobierno nos está criminalizando, si nadie quiere reconocer los muertos ni la deuda del Estado, si todo lo resumen a un asunto de inseguridad, si para este gobierno corrupto y esta partidocracia no hay 70 mil muertos ni 20 mil desaparecidos, ¿cómo íbamos a esperar para condensarla? ¡Yo no veía otra salida! Y con todo y que la sacamos, ahora estamos en esta situación”.
La puñalada trapera asestada en contra de las víctimas del delito por el panista Felipe Calderón actuando como Presidente de México no tardó en ser repudiada por el poder legislativo cuando el miércoles 11 de julio del 2012 el mismo Congreso de la Unión rechazó la negativa de Felipe Calderón a firmar la ley:
Regresan la Ley General de Víctimas a Calderón; el veto, extemporáneo
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
LA JORNADA
12 de julio del 2012
Por unanimidad, la Comisión Permanente acordó ayer regresar al presidente Felipe Calderón las observaciones que formuló a la Ley General de Víctimas, por considerar que el veto del Ejecutivo fue extemporáneo, ya que lo remitió al Congreso el pasado primero de julio por la noche, vencido ya el plazo legal que tenía para ello.
Ese órgano del Congreso de la Unión respaldó la determinación del presidente del Senado, el panista José González Morfín, de ordenar la publicación del decreto que expide esa ley, el pasado 29 de junio y se le instruyó para que continúe con el trámite correspondiente.
El hecho inédito, ya que es la primera vez que el Congreso de la Unión, en uso de las nuevas facultades que le confiere el artículo 72 constitucional, echa abajo un veto presidencial y ordena la publicación de la ley en cuestión, fue aplaudido por el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, quien se presentó en la sesión de la Comisión Permanente.
Sicilia calificó la decisión de los legisladores deun gran acto republicanoy luego, en entrevista, advirtió que si Calderón interpone una controversia ante la Suprema Corte de Justicia, para insistir en su veto,estará manchando su imagen más de lo que ya está.
Le exigióhonrarsu compromiso y promulgar la ley.Esperamos que se apegue a su palabra y a lo que les debe a las víctimas, recalcó, mientras que integrantes de su movimiento festejaron también la determinación del Congreso con gritos de júbilo.¡Sí se pudo, sí se pudo!, corearon.
La decisión, sin embargo, dividió al PAN. En una reunión de la mesa directiva y luego durante el debate, en la sesión de la Permanente, el coordinador de los diputados blanquiazules,Alberto Pérez Cuevas, pretendía que el Congreso aceptara analizar las observaciones que Calderón le remitió.
En tribuna, tanto él como Gustavo González argumentaron que las observaciones de Calderón son de fondo, ya que se trata de una ley que nacesin la potestad del Congreso para legislar en la materia, pero ante la postura de los senadores blanquiazulesRicardo García Cervantes y María Teresa Ortuño, a favor de no aceptar las observaciones, al final votaron en favor del acuerdo mayoritario.
Durante el debate, el diputado priísta Humberto Benítez Treviño insistió en que el veto de Calderón a esa ley fue extemporáneo, toda vez que el Congreso remitió el proyecto de decreto de la Ley General de Víctimas a la Secretaría de Gobernación el 10 de mayo pasado, y el Ejecutivo, de acuerdo con el 72 constitucional, contó con un plazo de 30 días para formular observaciones y 10 días más para promulgarla.
Como el plazo venció –el 20 de junio– el presidente de la Cámara de Senadores, que fue la de origen de la ley, contó con 10 días más para ordenar su publicación, lo que hizo el pasado día 29.
Los perredistas Mary Thelma Guajardo y Carlos Sotelo recalcaron que es ilegal la maniobra fraguada entre Calderón y el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Óscar Arce Paniagua, quien el mismo 10 de mayo retiró el proyecto de decreto de Gobernación y lo mantuvo veinte días en San Lázaro, sin que ello fuera del conocimiento de los demás grupos parlamentarios, a fin de variar el plazo para vetar la legislación que responsabiliza al Estado por los daños a las víctimas de la delincuencia organizada y de violaciones a derechos humanos.
El senador perredista Leonel Godoy pidió no cargar a las víctimas las fallas que la legislación pudiera tener. El diputado priísta Benítez Treviño, autor de la propuesta de devolver a Calderón las observaciones, destacó que el Ejecutivo puede promover una controversia constitucional o expedir los reglamentos correspondientes, a fin de que la Ley General de Víctimas pueda operar.
Actuando casi de inmediato, sumando abyección al oprobio, en vez de allanarse a la voluntad del Congreso el soberbio y vanidoso Felipe Calderón no esperó un solo momento para amenazar con recurrir a una controversia constitucional, haciéndolo a través de su Secretario de Gobernación Alejandro Poiré (no en vano varios observadores han dicho acerca del sexenio de Felipe Calderón que “vamos de mal en Poiré”, alusión a la frase pesimista que dice “vamos de mal en peor”). De nueva cuenta, Felipe Calderón no tenía la menor intención de que estos desafíos pudieran darse antes del primero de julio del 2012 a sabiendas que de haber sucedido tal cosa la candidata del PAN podría haber quedado incluso por debajo del candidato presidencial Quadri.
Todo lo anterior debe ser sumado a una amplia lista de pecados presidenciales graves resumidos por el siguiente editorialista:
La mano negra de Calderón, impune e inútil
Arturo Rodríguez García
Agencia APRO
4 de julio del 2012
Violó la ley hace dos años y lo vuelve a hacer ahora… Felipe Calderón incide en las campañas con toda clase de maniobras: aparatosas detenciones –que luego se desbaratan por falta de méritos– en su lucha contra el narco, promoción de sus obras de gobierno en tiempos electorales, refuerzo de la campaña de la candidata panista con familiares o exintegrantes de su gabinete y hasta intromisión descarada en los foros públicos con el propósito de descalificar al candidato de la izquierda. Al mandatario no le preocupa lo que le pueda pasar por romper las reglas. Se sabe impune… y le alzó la mano a Peña Nieto.
Cobijado por una ley electoral laxa que prohíbe la promoción gubernamental durante las campañas pero deja inmune al presidente de la República en caso de que incurra en ella, Felipe Calderón reincidió en promover a su partido y a su candidata, difundir indicadores de su gestión y, ya sin recato, involucrarse en el debate entre candidatos a sucederlo para descalificar al de izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario ya se ha inmiscuido indebidamente en procesos electorales, en días previos a los comicios, utilizando su guerra contra el narcotráfico para desacreditar a los opositores. También difunde propaganda gubernamental durante el desarrollo de las campañas.
El 25 de agosto de 2010 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió un juicio promovido por el PRI, debido a que el presidente emitió un mensaje en cadena nacional sobre seguridad, además de difundir cifras sobre generación de empleo y simplificación tributaria. Ese año, 12 entidades del país eligieron gobernador, congresos y ayuntamientos, en tanto que otras dos tuvieron elecciones intermedias.
El fallo del TEPJF fue un puro señalamiento. De acuerdo con el criterio unánime de los magistrados, hay una laguna legal: No existe un catálogo de penas aplicables al presidente, por lo que no pudieron sancionarlo.
Los dos gobiernos panistas surgidos tras la derrota del PRI en 2000 han tenido la misma conducta. En el caso de Vicente Fox, su llamado a seguir en el mismo camino, es decir, el del PAN, llevó a las autoridades electorales a considerar que puso en riesgo la elección de 2006. En 52 giras que tuvo al arranque de ese año, el primer mandatario surgido tras 70 años de hegemonía priista dijo que al “seguir por el mismo camino, México estará mejor que ayer”.
Propaganda de guerra
Durante el desarrollo de las campañas, Calderón insistió en llamar a los candidatos a continuar su estrategia anticrimen y, a escasas horas de la elección, llamó a “no tirar por la borda” lo que según él logró con su gobierno.
A lo largo de su gestión los alardes de Calderón en materia de seguridad fueron acompañados por pesquisas judiciales que se convirtieron en pifias, pero que en principio afectaron los procesos electorales.
El 26 de mayo de 2009, a un mes de la elección federal intermedia, el gobierno de Calderón llevó adelante un operativo que sería conocido como El Michoacanazo: se detuvo a 35 personas –alcaldes y funcionarios perredistas–, a quienes la Procuraduría General de la República (PGR) les imputó nexos con La Familia Michoacana.
Salvo el caso de Julio César Godoy –medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy y diputado federal desaforado–, quien sigue prófugo, todos los implicados en El Michoacanazo quedaron en libertad: Las acusaciones en su contra no pudieron sostenerse, además de que se documentaron violaciones a sus garantías.
En 2010 en Quintana Roo fue detenido el candidato a gobernador por la coalición PRD-PT-Convergencia, Gregorio Greg Sánchez, por sus presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva y con Los Zetas. Greg Sánchez, empresario y exalcalde de Benito Juárez, quedó en libertad un año y dos meses después, cuando las elecciones en las que tenía posibilidades de triunfo ya habían pasado.
Un caso más ocurrió en 2011. Para entonces Enrique Peña Nieto se perfilaba como virtual candidato a la Presidencia. Estaban por celebrarse comicios en el Estado de México –donde era gobernador– así como en Coahuila, Nayarit e Hidalgo, entidades estratégicas para el equipo peñista.
El 4 de junio de ese año, un mes antes de las elecciones, el Ejército mexicano detuvo al exalcalde de Tijuana y polémico empresario Jorge Hank Rhon, acusado –supuestamente a partir de una denuncia ciudadana– de tener un arsenal en su casa.
El 14 de junio, 10 días después del operativo, Hank Rhon fue liberado por falta de pruebas.
Este año las acusaciones pesaron sobre los exgobernadores de Tamaulipas Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, aunque en ambos casos el encausamiento ocurrió en Estados Unidos.
En ese país el detonante fue la acusación por lavado de dinero contra el empresario Francisco Antonio Colorado Cessa, quien se entregó el 15 de junio en Houston para hacer frente a los cargos. Su presunta implicación con Los Zetas terminó salpicando lo mismo al priista exgobernador veracruzano Fidel Herrera que a la panista Josefina Vázquez Mota; ésta usó aviones del ahora indiciado, según confirmó Juan Ignacio Zavala, su vocero, al reportero Osvaldo Robles.
Aún más: el pasado 21 de junio la Secretaría de Marina anunció la detención de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, El Alfredillo, a quien se identificó como hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán. El operativo se armó basándose en información de agencias estadunidenses.
La panista Vázquez Mota celebró de inmediato la captura y abundó sobre la efectividad de la estrategia de Calderón. Para su desventura todo fue un error y la PGR debió informar el 22 de junio que el detenido no era El Alfredillo.Título: Avísenle a JosefinaCartonista: HeliofloresFuente: EL UNIVERSALTítulo: NaufragioCartonista: RochaFuente: LA JORNADA
Fuera de control y vapuleadas por los conflictos intestinos y la corrupción –en especial a partir de las pesquisas contra militares de alta graduación–, el tropiezo más reciente de las fuerzas del Estado ocurrió cuando tres policías federales fueron asesinados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por compañeros suyos.
Operación legado
La línea se dictó el 13 de mayo de 2011. En el Centro Banamex, reunido con los secretarios de gabinete, funcionarios y mandos medios así como con los delegados federales en las entidades, Calderón inició su maratón de arengas en las que pormenorizaba datos de su gestión.
Ante quienes encontraron empleo bajo su gobierno, una y otra vez insistió en que hay ataques y calumnias y les ordenó –alzando la voz– defender al gobierno de la República.
“Les instruyo también que sean portavoces de una señal, de un mensaje de esperanza y de una información que es fundamental que la conozcan las mexicanas y los mexicanos en todo el país”, esto último en alusión a que su gobierno sea percibido con “justeza”, pues afirmó que la ciudadanía debe “saber y reconocer lo que se hace”.
Esa fue la tónica con los alcaldes panistas en una reunión celebrada el 30 de julio de 2011. Les recordó que durante siete décadas el PAN había combatido el clientelismo, la corrupción, la opacidad, la deshonestidad y el dispendio, y que debía refrendarse esa lucha, aludiendo directamente a los cacicazgos locales.
Ya en el proceso electoral la candidata panista quedó abandonada. Sólo el 5 de febrero Calderón anunció que la había felicitado y acudió a la sede de su partido para avalar su triunfo en la contienda interna. Y a finales de ese mes mostró una encuesta ante consejeros de Banamex en la que se ubicaba a Vázquez Mota a cuatro puntos de Peña Nieto. Pero el respaldo de su grupo político no se percibió ni siquiera con la participación del derrotado exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
Plena de tropiezos, la campaña de Vázquez Mota no terminaba de arrancar ni de materializar en su mensaje político el propósito de su eslogan de “diferente”, cuando el 11 de abril la hermana del mandatario, Luisa María Calderón, Cocoa, afirmó que la candidata presidencial no promovía “los logros de su hermano”.
Durante una conferencia en el campus León de la Universidad Iberoamericana, Cocoa Calderón insistió en que la abanderada panista no invocaba los avances en turismo y desarrollo social.
“Porque el presidente Calderón, ahí donde ustedes lo ven, está muy bien calificado (por la ciudadanía)”, explicó.
Vázquez Mota anunció días después un “golpe de timón”.
No fue sino hasta la noche del 30 de abril, en su casa de campaña en la colonia Del Valle del Distrito Federal, cuando Vázquez Mota recibió a la esposa de Calderón, Margarita Zavala, así como a diputados federales panistas. La instrucción que recibió la candidata –y que cumplió al pie de la letra– fue fundar su campaña en “los logros de Calderón”.
Zavala participó activamente en la promoción de Vázquez Mota, a cuyo equipo de trabajo se integraron en mayo su cuñado, Juan Ignacio Zavala, Maximiliano Cortázar y Ernesto Cordero, además de nombrar coordinadora en el Distrito Federal a Mariana Gómez del Campo, sobrina de Zavala y Calderón.
Se sumaron otros colaboradores del mandatario, como el hasta entonces encuestador de Los Pinos, Rafael Giménez Valdez, e Irma Pía González Luna, quien dejó la dirección de Canal 22.
Para el 2 de mayo los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y del Trabajo, Rosalinda Vélez, anunciaron que en el primer trimestre del año se habían generado 343 mil empleos y aseguraron que durante el gobierno de Calderón se habían creado 1 millón 971 mil 174.
El mensaje tuvo acompañamiento. Ese día Ernesto Cordero se integró a la campaña de Vázquez Mota y convocó a conferencia de prensa para rendir un informe similar a los expuestos en diferentes ocasiones por Calderón, abundar en la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo económicos. Tres meses después de que Vázquez Mota obtuviera la candidatura, Cordero hacía ostensible su apoyo.
Desde entonces la mayoría de los secretarios del gabinete participaron en actos de Vázquez Mota, incluido Calderón quien, ya sin recato, recitaba a diario indicadores en materia social, económica y de seguridad, incluso en reuniones con organismos internacionales.
El momento más evidente ocurrió el 6 de junio, durante la realización del debate entre candidatos a la Presidencia convocado por el Instituto Federal Electoral. Esa noche, luego de que López Obrador explicó su propuesta económica, Calderón lo descalificó de inmediato vía Twitter dando sus propias cifras.
Un día después Meade y el propio Calderón abundaron en el asunto en sendos discursos. De manera inusual Calderón concedió por esos días una entrevista en la que justificó su comentario y rechazó violar la ley electoral. Además, con la candidata de su partido en el tercer lugar según las encuestas, Calderón dijo que “cualquiera de los tres punteros” podía ganar.
A partir de aquella reunión con Margarita Zavala, Vázquez Mota incorporó a sus discursos la mención de los programas Oportunidades, 70 y Más y Estancias Infantiles; abundaba en el manejo de la política económica y elogiaba la estrategia de seguridad de Calderón, es decir de todo aquello que el propio mandatario llama su “legado”. La panista llegó al extremo, en su cierre de campaña, de anunciar que de ganar invitaría a Calderón a ser titular de la PGR.
Sobregiro millonario
Durante el desarrollo de las campañas, el uso de programas sociales y el desvío de recursos para condicionar el voto a favor del PAN fue inocultable. Incluso en actos de la candidata se repartieron algunos artículos –despensas o agua– con logotipos de Oportunidades (Proceso 1857).
Sin embargo uno de los programas que se convirtió en objeto de denuncia fue 70 y Más, creado durante el gobierno de Calderón y consistente en entregar 500 pesos mensuales a adultos mayores. Dicho programa fue una innovación del gobierno del Distrito Federal durante la gestión de López Obrador, muy criticado por el PAN, que lo tachó de clientelar y populista en diferentes denuncias legislativas.
Ahora durante el gobierno de Calderón el programa se llevó a comunidades rurales, pero de manera inesperada el pasado 17 de enero el mandatario anunció la ampliación del programa a zonas urbanas.
A finales de mayo la bancada del PRI en la Cámara de Diputados identificó un sobregiro en la aplicación de recursos de programas sociales en el informe del primer trimestre. En el caso de 70 y Más había gastado para entonces 4 mil 10 millones de pesos para distribuirlos entre 8 millones de ancianos, cundo la cifra autorizada era de 3 mil 475 millones de pesos.
Según el diputado Miguel Pompa las cifras no cuadran: de haber ampliado la base de beneficiarios en 1 millón y medio de personas, con eficacia se debieron gastar 5 mil 400 millones, pero la cifra llegó a 7 mil 588 millones de pesos, lo que significa que 40% del presupuesto destinado para todo el año se ejerció en el primer trimestre.
Además la Secretaría de Desarrollo Social gastó en ese primer trimestre 163 millones de pesos para pago de promotores, cuando lo autorizado no podía superar los 139 millones.
Fiel a su estilo, Calderón no perdió oportunidad para hablar de sus programas en las semanas previas a las elecciones. Aprovechó las redes sociales y ciertos compromisos internacionales para defender su política de seguridad afirmando que fortaleció el estado de derecho. Su agenda continuó, hasta el pasado 29 de junio, cuando abanderó al equipo mexicano que participará en los Juegos Olímpicos de Londres.
Aun así no hay indicios de que los órganos electorales puedan sancionar al mandatario, por las mismas razones que cuando confirmaron que violó la ley electoral en 2010.
Como lo enfatiza el último párrafo del anterior trabajo, el delincuente electoral número uno de México no puede ser castigado ni siquiera con una multa simbólica de diez pesos por sus reiteradas violaciones a la Constitución que en su descalabrada toma de posesión el 1 de diciembre del 2006 juró cumplir y hacer cumplir como Presidente de México. El panismo-Yunquismo actuando dentro del Congreso de la Unión se aseguraró de que el violador de la Ley sentado en la silla presidencial gozara de plena impunidad, obstaculizando cualquier reforma de ley que lo hiciera responsable al igual que cualquier otro ciudadano como ocurre en otros países.
¿Y con cosas como éstas, todavía se preguntan los panistas-Yunquistas el por qué el pueblo de México los repudió en las urnas el primero de julio del 2012 dándole un puntapié en el trasero a la derecha ultraconservadora de México?
-------------------------
POST SCRIPTUM:
Faltándole ya unas pocas semanas para dejar una silla presidencial que nunca debería de haber ocupado, Felipe Calderón en representación de las poderosas clases empresariales con las cuales la derecha ultraconservadora neopanista siempre ha estado aliada se tomó la libertad de propinar otra puñalada trapera, esta vez en contra de las clases trabajadoras de México, seguramente en venganza por la atomización del PAN en las elecciones presidenciales de julio del 2012. Tuvo casi seis años para enviar una iniciativa presidencial de propuesta de reforma laboral al Congreso de la Unión, pero no lo hizo en todo ese tiempo quizá temiendo las repercusiones políticas de una reacción iracunda de las clases trabajadoras en contra de la derecha ultraconservadora de México. Pero tras el descomunal desastre electoraldel 2012, cuando ya no había nada que perder, Calderón decidió tomar por sorpresa a un pueblo que esperaba ilusamente que el Señor Presidente se quedara quieto sin dar ya más sorpresas desagradables, tratando Calderón de propiciar lo que se conoce como un madruguete legislativo de última hora o un albazo aprovechando las circunstancias coyunturales para impedir que algo de tamaña trascendencia como una reforma laboral se pudiera discutir cuidadosamente y a fondo, como bien lo denuncia el siguiente analista:
¿Y con cosas como éstas, todavía se preguntan los panistas-Yunquistas el por qué el pueblo de México los repudió en las urnas el primero de julio del 2012 dándole un puntapié en el trasero a la derecha ultraconservadora de México?
-------------------------
POST SCRIPTUM:
Faltándole ya unas pocas semanas para dejar una silla presidencial que nunca debería de haber ocupado, Felipe Calderón en representación de las poderosas clases empresariales con las cuales la derecha ultraconservadora neopanista siempre ha estado aliada se tomó la libertad de propinar otra puñalada trapera, esta vez en contra de las clases trabajadoras de México, seguramente en venganza por la atomización del PAN en las elecciones presidenciales de julio del 2012. Tuvo casi seis años para enviar una iniciativa presidencial de propuesta de reforma laboral al Congreso de la Unión, pero no lo hizo en todo ese tiempo quizá temiendo las repercusiones políticas de una reacción iracunda de las clases trabajadoras en contra de la derecha ultraconservadora de México. Pero tras el descomunal desastre electoraldel 2012, cuando ya no había nada que perder, Calderón decidió tomar por sorpresa a un pueblo que esperaba ilusamente que el Señor Presidente se quedara quieto sin dar ya más sorpresas desagradables, tratando Calderón de propiciar lo que se conoce como un madruguete legislativo de última hora o un albazo aprovechando las circunstancias coyunturales para impedir que algo de tamaña trascendencia como una reforma laboral se pudiera discutir cuidadosamente y a fondo, como bien lo denuncia el siguiente analista:
Del último legado
Rafael Loret de Mola
Analista político
1 de octubre del 2012
Calderón entró a Los Pinos por la puerta falsa de la ilegitimidad y pretende irse por la de atrás, la que va en sentido contrario a la historia del país, con un legado vergonzoso: la iniciativa de ley laboral –ya estudiada por este columnista–, que priva a los trabajadores de derechos esenciales bajo el pretexto de que es menester hacer más competitivos los productos mexicanos en el exterior conociendo los vaivenes y riesgos de la permanente especulación internacional. Palabras más o menos, estorban los “privilegios” que daban al trabajador, de acuerdo a la vanguardista Constitución de 1917, ciertos privilegios para intentar con ello paliar las enormes diferencias de clase entre quienes laboran y aquellos que acumulan capitales; y tal fue, y lo sigue siendo sin duda, uno de los elementos que explican, en un país tan dispar como el nuestro, la estabilidad política.
Algunos consideran que tal debe englobarse en el oficioso “paternalismo” electorero con el que se gobernó a México, todavía seguimos igual, basándose en la ignorancia de las mayorías y su pobreza para ofertar su propia voluntad en aras de algunas migajas. No es así. La Ley Federal del Trabajo, fundamentada en el artículo 123 de la Carta Magna, fue histórica porque hasta hoy funciona a pesar de las constantes quejas del sector empresarial sobre los blindajes a los obreros y las seguridades que se les otorgan para sobrevivir ante los despidos injustos o por jubilación. ¿Qué se pretende? ¿Acaso avivar más la hoguera de las inconformidades para provocar un cataclismo social y entonces sí –no demagógicamente como se arguyó recientemente con motivo de la contienda comicial–, enfrentar los estallidos inevitables cuando la injusticia campea sobre el corazón de una nación injustamente depauperada?
En la reforma calderonista, por ejemplo, se prevé la contratación a través de tercerías que difuminan las responsabilidades del patrón en caso de despidos; también la posibilidad de emplearse por horas, sin derechos de acumulación de años y derechos con vista hacia el porvenir; la posibilidad de cambiar a las dirigencias sindicales entregando a los empresarios una nueva lista –esto es institucionalizando los sindicatos charros–; se anula el seguro de desempleo; se acota el derecho de huelga de manera sensible para someter, hasta el último grado, a los obreros; y no se fija, entre otras cosas, la semana laboral de cuarenta horas, esto es, las jornadas pueden extenderse a vista y paciencia de los empresarios. Un verdadero regalo de la derecha a la clase patronal que la ha mantenido contra la corriente de la negligencia y la torpeza administrativa en las funciones públicas. Y hay bastante más, desde luego.
Es tal, en fin, lo que se considera “necesario” para elevar la competitividad en lugar de hacer más efectivo el trabajo con salarios dignos y estímulos justos; y una mayor comprensión entre quienes se llevan las llamadas plusvalías, un término poco usado por sus referentes socialistas, y cuantos reciben ingresos de hambre, insuficientes para resolver las necesidades básicas de sus familias. Un paso hacia atrás en la historia, bastante más lejano que el retorno del PRI a la residencia oficial. ¿Para esto votamos los mexicanos en 2000, 2006 y 2012, esto es para hacer “democrático” el retroceso infame y privilegiar a los grandes capitales so pretexto de que sólo así pueden crearse puestos de trabajo?
Menos mal que la iniciativa, acaso como camuflaje, plantea en sus primeros renglones la necesidad de proteger a los mexicanos que deciden laborar fuera del país en ausencia de oportunidades en su patria. Pero ello, aunque esté escrito en una reforma mexicana, sólo tendrá valor si existe reciprocidad por parte, sobre todo, de la gran potencia del norte que, por ahora, busca frenar hipócritamente la inmigración “ilegal” para abaratar más la mano de obra de los llamados “indocumentados”, a quienes se paga mucho menos para posibilitarles laborar clandestinamente, en obsequio de mejores precios finales para el consumidor. De esta manera, claro, los agricultores del sur estadounidense, por ejemplo, pueden ahorrarse en mano de obra y ofrecer sus mercancías a costos de oferta para así “invadir” nuestros mercados en donde es imposible competir en igualdad de circunstancias. Este es el meollo de la reforma calderonista: empobrecer aún más a los trabajadores mexicanos para que, entonces, seamos capaces de ir a la par con los explotadores del norte. La ruindad salta a la vista.
No entiendo, entonces, por qué se dejó para el finiquito del panismo esta iniciativa grotescamente contraria a las banderas sociales heredadas de la cruenta “bola” del siglo pasado que costó la vida de dos millones de mexicanos. ¿Acaso se pretendió con ello comprometer al próximo gobierno, a cambio de una transición tersa, a privilegiar a los patrones dejando atrás sus antiguos baluartes comunitarios? Pese a todas las corruptelas conocidas, incluso la contaminación de los líderes sindicales como parte de un enfermo corporativismo, fue evidente durante la hegemonía priísta que ciertos valores no se tocaban para no encender hogueras; y uno de ellos era, precisamente, cuanto se refería a las “conquistas” alcanzadas por el gremio laboral aunque los patrones exigieran, cada vez con mayor vehemencia, reducir los favoritismos legales en pro de sus empleados, sin darse cuenta que gracias a ellos fue posible mantener cierta equidad entre unos y otros y con ella la paz social indispensable para el desarrollo compartido.
Obsérvese, ahora mismo, el caso de España en donde el desempleo, como consecuencia de arbitrarios recortes de personal para que el gobierno pueda salir de la bancarrota, llega ya a casi seis millones de personas, más del veinte por ciento de la población productiva. Desde luego, cada vez son más ruidosas y provocadoras las manifestaciones y aumenta la represión en momentos en los que, además, se pone en duda la unidad española por la posición del gobierno catalán empeñado en la soberanía que los libre de España. Esto es: se está llegando al límite y después de éste sólo habrá paralización y anarquía como en los peores tiempos, digamos anteriores a la sangrienta guerra civil, con todo y el circo futbolero distractor. Nadie habla de otra cosa sino de los multimillonarios sueldos de los jugadores en contraste con los miserables mileuoristas –que ganan eso, mil euros al mes, en un entorno en el que tal es casi la pobreza extrema–, y de los millones de “parados”, desesperados, cada vez con menos derechos... hasta para reclamar. Y, mientras, el presidente del gobierno español se retrata con la gran vencedora europea, la alemana Ángela Merker, más exitosa y audaz que su antecesor, el füerher, en eso de dominar al continente.
Por cierto, hay varios elementos en la pretendida reforma de Calderón que coinciden con la de Rajoy en España. ¿No será, entonces, la influencia de los elementos venidos de allende el mar para manipular las elecciones la que está imperando en la casa presidencial que ya debiera estar sometida a mudanza? ¿Es el costo impuesto a Peña para asegurarle la victoria contra la corriente izquierdista que parecía ir para arriba? Tales son las interrogantes a resolver, sin que creamos –este columnista cuando menos– en un símil entre los comicios desaseados de 2006 y los excesos de 2012 que no alteraron cifras tan contundentes como las registradas.
A decir verdad, con la desaparición forzada mediante decreto imperialde la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro, Felipe Calderón ya había dado muestras clarísimas de su odio derechista exacerbado en contra del sindicalismo en México y en contra de los derechos laborales conquistados por los trabajadores a lo largo de décadas tras la caída del dictador Porfirio Díaz, y nadie creía que Calderón se estuviera reservando para última hora “lo mejor”, un virtual retroceso a todas las conquistas laborales del siglo pasado. Las protestas laborales que hubo jamás fueron tomadas en cuenta. Hay algunos analistas que además de ver en albazo malintencionado de Felipe Calderón en contra de la clase trabajadora de México por haberle propinado a la derecha panista su expulsión de la silla presidencial, ven también en el madruguete una trampa de última hora lanzada por Felipe Calderón en contra del Presidente entrante Enrique Peña Nieto como parte de la venganza de la derecha ultraconservadora:
La trampa a Peña Nieto
Raymundo Riva Palacio
26 de septiembre del 2012
Peña Nieto está atrapado entre la izquierda y la derecha, que lo acusan a priori de haber cedido a los sindicatos, de perjudicar a los trabajadores y de favorecer a los patrones.
Es absolutamente irrelevante que Enrique Peña Nieto asuma la Presidencia hasta dentro de dos meses para efectos de pagar costos de su gestión. La reforma laboral que mandó el presidente Felipe Calderón al Congreso, ya lo hizo su principal víctima política. Peña Nieto está atrapado entre la izquierda y la derecha, que lo acusan a priori de haber cedido a los sindicatos, de perjudicar a los trabajadores y de favorecer a los patrones. Para donde se mueva, sufre un desgaste prematuro, que tendrá que agradecerle a Calderón su gesto final.
La iniciativa de la reforma laboral es una trampa de principio a fin. El presidente Calderón se valió de la iniciativa preferente incorporada en la recién aprobada reforma política, que obliga al Congreso a discutirla en un plazo no mayor de 30 días, y tomó fuera de forma a los priístas. Cuál fue la razón por la cual la aceptaron en automáticamente y decidieron que la discutirían, no se sabe. Lo que sí se sabe es que tomaron una iniciativa que nadaba en la ambigüedad y le dieron carta de identidad y fecha de resolución.
Como señaló la senadora perredista Dolores Padierna, las iniciativas preferentes no están reglamentadas todavía, por lo que se puede introducir una controversia constitucional. Esto lo puede hacer la izquierda, que desde el principio se opuso a la iniciativa, pero no el PRI, que le dio la bienvenida con los brazos abiertos y hasta después, cuando vieron sus debilidades y entraron en contradicción interna. Pudieron los diputados priístas haberla rechazado por improcedente, al ser presentada por un presidente saliente, o recibida y establecer sus tiempos de cómo y cuándo la discutirían —por ejemplo, una vez que estuvieran instaladas las comisiones respectivas—, pero no lo hicieron.
La iniciativa incorpora lo que el senador perredista Alejandro Encinas llama “la zanahoria” de la ley, que es la transparencia sindical. “Zanahoria”, porque en su lógica el PRI aprobaría otros ingredientes controversiales, como la pérdida de estabilidad laboral y la eliminación de los contratos de base, a cambio de que no se abran la panza de los sindicatos. Paradójicamente, el PRI había dicho en las diversas ocasiones que el gobierno cabildeó su reforma, que la transparencia sindical no debía ser incorporada en la iniciativa porque introducía un ruido innecesario y contaminaba la discusión, sino que se presentara de manera independiente en forma y tiempo.
El PRI vio cómo venía la iniciativa y no la congeló. Transparencia sindical no es patrimonio de los sindicatos afiliados al PRI, sino también los que se encuentran en la izquierda de la geometría política. En ambos casos no quieren revelar cuánto dinero tienen y cómo lo distribuyen y gastan. Pero el costo no será para la izquierda, sino para el PRI, y en particular para Peña Nieto. Por un lado, al asignársele un poder meta constitucional que si no aplica para someter a los diputados y los sindicatos quedará como rehén del sector duro y corporativo del PRI. Por el otro, sin importar qué tan adulterada pueda salir la reforma, quedará como aliado de los intereses patronales y contra los trabajadores.
Es decir, la trampa que le puso el presidente Calderón lo ubicará a la derecha del espectro político, y lo colocará, antes de asumir el poder, como parte de la diada PRI-PAN, que dará cuerpo a las críticas y alimentará los argumentos que el nuevo gobierno será más de lo mismo, una continuación de la época de las llamadas concertacesiones que inauguró el expresidente Carlos Salinas con la dirigencia del PAN. Calderón y el PAN, si no están felices con lo que sucede todavía, estarán encantados de minar a Peña Nieto a 64 días que tome posesión. La izquierda recibe este regalo de Calderón que le ayudó a reagruparse tras los barruntos de ruptura y le permite iniciar homogéneamente su posición beligerante dentro de las cámaras, contra el gobierno entrante. El PRI es el que queda en medio, y su falta de reflejos puso de rodillas a quien los llevó de nuevo a Los Pinos. Mal inicio, cuando aún Peña Nieto no comienza.
He aquí otra perspectiva sobre el golpe antilaborista propinado desde la cima del poder federal por la derecha ultraconservadora y reaccionaria de México en contra de la clase trabajadora:
Reforma laboral contraria a la dignidad humana
Fortalecimiento del segmento patronal
Raúl Jiménez Vázquez
Revista Siempre!
13 de octubre del 2012
La reforma laboral promovida por el Ejecutivo federal y aprobada ya por la Cámara de Diputados es un parteaguas en la historia del derecho mexicano. Por vez primera se introducirán cambios significativos al articulado de la Ley Federal del Trabajo tendentes a I) la validación de esquemas de subcontratación ooutsourcing que facilitarán la elusión de las responsabilidades propias e indelegables del empleador; II) el establecimiento de la modalidad del pago por hora sin prestaciones, cuyo efecto directo será la atomización del salario; III) la instauración de contratos a prueba de los que no se derivará obligación alguna a cargo del patrón; IV) la fijación del tope de un año al cúmulo de salarios caídos resultantes de las controversias planteadas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; V) la cancelación de la antigüedad como parámetro para el otorgamiento de ascensos y otros beneficios laborales, y VI) la desregulación de los requisitos para proceder al despido de los trabajadores.
Más allá de sus aspectos puntuales, el fin último de la reforma es el quiebre del paradigma tuitivo, proteccionista y reivindicatorio del derecho del trabajo acunado y cristalizado en el artículo 123 constitucional por el memorable Congreso Constituyente de 1917; a través suyo se está vulnerando uno de los pilares del majestuoso constitucionalismo social que afamó universalmente a nuestro país y que inclusive fue fuente nutricia del apartado humanista del Tratado de Paz de Versalles y la legendaria Constitución de la República de Weimar.
El intento de defenestrar por la vía de los hechos una de las decisiones políticas fundamentales contempladas en nuestra Carta Magna fue antecedido por la erosión de la rectoría del Estado, otra piedra angular del constitucionalismo social, materializada a raíz de la entrada en vigor del marco normativo de las asociaciones público-privadas con el que se dará inicio a lo que el jurista e investigador de la UNAM Jorge Witker denomina certeramente el proceso de “captura del Estado y los recursos públicos por parte de los inversionistas privados”.
Además del socavamiento de una las vigas maestras del Estado social de derecho emergido del movimiento revolucionario de 1910, las enmiendas laborales también tienen una soterrada teleología cuya existencia se colige del hecho de que de un simple plumazo se quiere eliminar del vigente artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo la parte en que se prescribe que el trabajo “exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia”.
Este es un colosal golpe de ariete a la visión eminentemente humanista que subyace en el derecho del trabajo y que se concreta en los siguientes imperativos categóricos: I) el trabajo no es una mercancía, II) el trabajador merece ser tratado con empatía y consideración, III) tanto el trabajador como su familia tienen derecho a una existencia digna de la persona humana.
En dicho cambio legislativo se condensa con toda luminosidad la esencia ideológica de la reforma: el trabajo no se regirá por los principios cardinales de la dignidad humana y la justicia social, sino será una mercancía más sujeta a las exigencias del mercado. Consecuentemente, el derecho del trabajo no tendrá como suprema misión garantizar al trabajador y su familia una existencia decorosa y propicia para el desarrollo de las potencialidades humanas.
El abatimiento de esa supralegalidad, la derogación de esos preciados principios éticos y jurídicos es lo que explica el afán de desmantelar las prerrogativas que históricamente han protegido a los trabajadores, pulverizando la estabilidad en el empleo y abaratando el costo de la mano de obra, lo que conllevará necesariamente la precarización de sus condiciones de vida y el fortalecimiento de los poderes inherentes al segmento patronal.
Las consecuencias de ese giro estratégico no serán meramente filosóficas ni se limitarán al ámbito del desarrollo humano. La dignidad humana y la justicia social son derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en distintos tratados suscritos y ratificados por el Estado mexicano, por lo que su inobservancia podrá ser reclamada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales competentes en la materia.
Así fue como la derecha ultraconservadora de México decidió cerrar con “broche de oro” su presencia en la cima del poder en México. Y sin lugar a dudas, así es como será recordada por los tiempos venideros, ahora que ya se sabe los intereses que representan todos ellos.
Título: Regalito
Cartonista: Naranjo
Fuente: Revista PROCESO
Título: Capitalismo a la mexicana
Cartonista: Fisgón
Fuente: LA JORNADA
Título: Ultima aportación
Cartonista: Magú
Fuente: LA JORNADA
Título: Rentabilidad ante todo
Cartonista: Fisgón
Fuente: LA JORNADA
Título: Nueva reforma laboral
Cartonista: Fisgón
Fuente: LA JORNADA
El 5 de diciembre del 2012, y cumpliendo con lo que había prometido en su primer discurso constitucional, Enrique Peña Nieto como Presidente de México dió marcha atrás a la controversia constitucional interpuesta por Felipe Calderón en contra de la Ley General de Víctimas, dándole “palo” a su predecesor y allanando el camino para la promulgación oficial de dicha ley a la cual tanto se había opuesto el mismo Felipe Calderón que había dado su “palabra de honor” en aprobarla, palabra que no cumplió demostrando con ello cuánto valía la “palabra de honor” del títere de los poderes fácticos y la derecha ultraconservadora de México:
Retira EPN controversia contra Ley General de Víctimas
Agencia APRO
5 de diciembre del 2012
El gobierno de Enrique Peña Nieto se desistió de la controversia que interpuso su predecesor Felipe Calderón ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la Ley General de Víctimas, tal como lo ofreció en su primer mensaje como presidente constitucional.
La SCJN dio entrada este miércoles al desistimiento de la Presidencia, de acuerdo con fuentes de la Corte. <
> Desde el pasado 19 de julio, la Presidencia “congeló” la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso al negarse a publicarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y presentar una controversia constitucional ante la SCJN.
El entonces presidente Calderón regresó la ley al Congreso de la Unión con observaciones. Sin embargo, los legisladores arguyeron que el Ejecutivo hizo las observaciones fuera de los tiempos establecidos por la Constitución mexicana.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, criticó severamente la acción y acusó al entonces presidente Felipe Calderón de “traicionar su palabra”, por no publicar la ley, pese a que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso.
“Un hombre que falta a su palabra, no vale nada. El presidente, en este momento, no vale nada para nosotros. Está faltando a su compromiso y a su palabra. Está violentando la Constitución. Hago un llamado muy fuerte al presidente de la República para que honre su palabra y sea digno con las víctimas”, expresó Javier Sicilia.
La única forma en la que la Ley General de Víctimas podía ser promulgada como ley en México era expulsando al Partido Acción Nacional de la silla presidencial, y al ocurrir ello el paso quedaba allanado para empezar a darle marcha atrás al desmantelamiento de México que estuvieron llevando a cabo a lo largo de dos dolorosos sexenios (dolorosos para el pueblo de México) los ultraconservadores de la derecha mexicana. Al mismo tiempo que ésta acción se llevaba a cabo, la Suprema Corte de Justicia fortalecida con la jubilación (días atrás) como Ministro del egresado de la ultrafascista Universidad Autónoma de Guadalajara, Sergio Aguirre Angiano, aprobaba los matrimonios gay en México. Esto lo comenta el conocido analista Sergio Sarmiento en el siguiente extracto:
Nupcias gay
Sergio Sarmiento
Analista político
7 de diciembre del 2012La primera sala de la Suprema Corte, que se ocupa de temas civiles y penales, votó este 5 de diciembre de manera unánime a favor de otorgar un amparo a tres parejas homosexuales de Oaxaca que exigían el derecho de contraer matrimonio. El fallo fue unánime, en una sala que apenas acaba de recibir a un nuevo ministro, el joven Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ex jefe del SAT, quien reemplazó a Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que tenía fama de ser el ministro más conservador de la Corte.
Los ministros declararon inconstitucional un fragmento del artículo 143 del Código Civil de Oaxaca que define el matrimonio como “un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida”. Los ministros argumentaron que establecer el objetivo de “perpetuar la especie” es violatorio del principio de igualdad de la Constitución. La expresión “un solo hombre y una sola mujer” no fue declarada inconstitucional, pero los ministros la interpretan como una referencia a “dos personas”.
La Constitución prohíbe desde hace algunos años en su artículo primero la discriminación y específicamente la que se ejerce por “las preferencias sexuales” de las personas. Nuestra carta magna no deja mucho espacio para discriminar a los homosexuales ni siquiera a los ministros más conservadores.
Desde el 2010 el Distrito Federal ha legalizado los matrimonios entre personas del mismo sexo. La gran discusión jurídica era si los enlaces en la capital entre homosexuales deberían ser reconocidos por la Federación o por otros estados. Un fallo anterior de la Corte ya ha obligado al IMSS a reconocer derechos a los cónyuges de matrimonios homosexuales. Implícitamente esto significa que el gobierno federal debe aceptar estas uniones en otros programas.
El fallo de este 5 de diciembre es, sin embargo, más contundente. Al señalar que el código civil de Oaxaca viola el principio constitucional de igualdad, los ministros condenan también el resto de las legislaciones estatales similares. La decisión no establece jurisprudencia, ya que se requieren cinco fallos en el mismo sentido para ello; pero si a éste sumamos el que versó sobre los derechos de los cónyuges homosexuales bajo la ley del IMSS, estamos viendo una tendencia clara. El matrimonio entre homosexuales será legal en todo nuestro país en un futuro no muy lejano.
Los ministros parecen inclinarse por la idea de que el matrimonio entre dos personas es un derecho fundamental que el Estado no puede restringir.
Siempre me pareció extraño que el gobierno panista de Felipe Calderón hubiese recurrido a la PGR para objetar este derecho con el argumento de que atenta contra la familia. ¿Impedir que se formen familias es la forma de defender a las familias?
El derecho al matrimonio no ha generado una estampida de parejas homosexuales que busquen contraer nupcias. Los matrimonios gay en el Distrito Federal, legales desde el 4 de marzo de 2010, apenas rebasan el millar, un número muy inferior al de homosexuales o al de parejas estables en la ciudad. Algunos de los que se han casado, por otra parte, se han divorciado ya.
La enorme mayoría de los homosexuales prefieren mantener sus amores y relaciones en libertad. Tienen el derecho a hacerlo. Pero es importante que también gocen de la opción de contraer matrimonio… como la que tenemos los heterosexuales.
Deja un comentario:
0 comentarios: