Finalmente el Tribunal de Sentencia integrado por Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero y Benito González condenó esta tarde a los once campesinos procesados por la masacre de Marina Kué, en junio de 2.0121, al ser hallados culpables de homicidio doloso, invasión de inmueble, asociación criminal.
Las condenas: Rubén Villalba, 30 años de cárcel más 5 años de seguridad, al ser hallado culpable de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno; homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio doloso.
Luis Olmedo a 20 años de prisión, Arnaldo Quintana 18 años; Nestor Castro Benítez, 18 años de privación de Libertad; culpables de la comisión de los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa en calidad de coautores, homicidio doloso en calidad de coautores, invasión de inmuebles y asociación criminal.
Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López Paredes a 6 años de prisión. Felipe Balmori, Adalberto Castro Benítez; Juan Carlos Tillería, y Alcides Ramírez, a la pena privativa de libertad de 4 años, cada uno, todos por el delito de invasión de inmueble; Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López fueron señaladas como cómplices de homicidio.
Para el abogado defensor Víctor Azuaga, la sentencia es nula, porque al momento de leerse la sentencia una de las acusadas no se encontraba en la sala, Dolores López Paredes, que sufrió un malestar y fue atendida en la sanidad del Palacio en el receso de 10 minutos que ordenó el Presidente del Tribunal Ramón Trinidad, la procesada ya no volvió para escuchar su condena.
“Esto invalida la sentencia, es nulo, al no encontrase en la sala una de las acusadas, Dolores López”, indicó el profesional, “no entendemos porque hizo esto el Tribunal, una situación de confusión, como fue la masacre también hubo este día acá. La sentencia tiene que anularse, porque el proceso es público, once procesados y tienen que estar los once” reitero el abogado defensor Víctor Azuaga.
Mientras familiares, amigos y las distintas organizaciones sociales y de Derechos Humanos, en las afueras del Palacio reiteraron que continuarán con la medida de fuerza de encadenamiento y la carpa de resistencia en la Plaza de Justicia, hasta conseguir la libertad de los presos políticos.
#1 El juez. ¿Es lógico poner como juez a uno que ya tiene antecedentes por asuntos ílicitos? Ramón Trinidad Zelaya fue sumariado en 2007 cuando era fiscal por su supuesta participación en un caso de coima de 5.000 dólares. En marzo de este año y ya como juez volvió a estar en la mira tras ordenar la liberación de dos presuntos narcos argumentando “falta de pruebas”. Sin embargo, estos antecedentes no impiden que sea el presidente del Tribunal que juzgará la masacre que tumbó a Fernando Lugo y cuyo proceso ha sido condenado por múltiples organismos internacionales y gran parte de la sociedad civil. Según la crónica el diario ABC Color, en la madrugada del 8 de noviembre de 2007, la asistente fiscal Angela Ferreira habría vendido una resolución firmada por Zelaya por la suma de cinco mil dólares para la devolución de un camión robado en Brasil. La funcionaria fue detenida in fragantti por el fiscal Arnaldo Giuzzio, quien la imputó por cohecho pasivo.
El fiscal Ramón Trinidad Zelaya habría tenido un extraordinario crecimiento económico como agente fiscal en esta comunidad, supuestamente gracias a la confabulación con los sectores que dominan el negocio ilegal en la frontera, pero a pesar de la opulencia que demuestra con lujosos vehículos y la supuesta tenencia de gran cantidad de bienes raíces, la Fiscalía General nunca lo investigó y lo sigue manteniendo dentro de la estructura institucional, revela la nota.
Pero los “problemas” de Zelaya no terminan ahí; en 2011 fue duramente cuestionado por sus colegas, luego de que dispusiera la libertad de un hombre con doble identidad sospechado de ser un peligroso narco. El fiscal adjunto de Ciudad del Este, Ever Ovelar, consideró la falta cometida por Zelaya de gravísima por lo que no descartó de que se tomarán medidas drásticas. El narco en cuestión era nada menos que Cecilio Cabral o Cecilio Ramoa, alias “Ligerinho”, integrante de la banda del exintendente Neneco Acosta, según datos recogidos de la computadora del asesinado periodista Pablo Medina. El último escándalo que salpicó a Zelaya fue la decisión de absolver a Simón Núñez Antúnez y César Godoy González, procesados por el hallazgo de 571 kilos de marihuana que tomó el tribunal de sentencia que integraba en marzo de 2015.
#2 La supuesta asociación criminal. La Fiscalía, los acusa de asociación criminal, que de ser así no debería estar reconocida hasta hoy por el INDERT, (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), organismo oficial del estado que los reconoce desde el 2004. El dirigente campesino de Curuguaty, Vidal Vega, quién se encargaba de archivar los documentos de los trámites realizados por la comisión de familiares de víctimas de la matanza, ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra era asesinado en diciembre del 2012. ¿Un intento de silenciar la verdad? Además, ¿qué pasa con las miles de asociaciones criminales narco-políticas que operan en las fronteras del país comandadas por los capomafiosos y encubiertas por la policía? ¿cómo acusan sin pruebas de "asociación criminal" a unos campesinos quienes no poseen ningún tipo de antecedente por asociación criminal?
#3 Las tierras usurpadas. La justicia no investigó la muerte de los campesinos que murieron en extrañas circunstancias, solo se abocó a la investigación acerca de la muerte de los policías, a pesar de la cantidad de pruebas que se encontraron en el lugar de los hechos. La orden de desalojo que hizo que 300 policias concurran hasta Marina Kue ya constituyó un elemento que demuestra como la justicia actuó en favor de latifundistas, ya que hasta el dia de hoy las tierras siguen siendo del estado que nunca solicitó ningun desalojo. Por lo tanto no invadieron tierras de la empresa Campos Morombi. Esas tierras fueron usurpadas por Blas Riquelme, empresario ganadero y político del partido de gobierno, conocido stronista. Una publicación de Anahí Vera, el 19 de agosto de 2012 en el Diario Última Hora, da cuenta de que la Armada Nacional demuestra que la institución realizó actos de posesión y habitó hasta el año 2004 las tierras de Marina Cué (Curuguaty); por tanto, es inválida la demanda de usucapión que promovió el grupo empresarial Riquelme para apoderarse de las tierras, que continuaron en litigio con el Estado.
Vera relató en su nota que las 2.000 hectáreas de Marina Kue habían sido cedidas por su anterior propietaria, La Industrial Paraguaya SA (LIPSA), el 31 de mayo de 1966, a la V Región Militar, de la Armada Nacional (de ahí el nombre Marina Kue), y la donación fue aceptada por decreto presidencial. La Armada debía tramitar la escritura pública ante la Escribanía Mayor de Gobierno, por lo que en 1982, ocupando el inmueble, solicitó la escrituración del mismo y reiteró el pedido en tres ocasiones más, la última el 23 de julio de 2004. La investigación de Última Hora, destaca que uno de los documentos que prueban la ocupación de la Armada en el lugar, es el Memorándum del 31 de agosto de ese año, que dirigió el jefe del VI Depto. EMA, capitán Mario Arrúa Cuenca, al comandante de la institución, vicealmirante Julio César Báez Acosta, donde hace constar que la Sub Área Naval de Canindeyú verificaba periódicamente el terreno, realizando trabajos de mensura, limpieza y otros trabajos de conservación. “Cuando en el 2004 el entonces presidente, Nicanor Duarte Frutos, a través del Decreto n.º 3.532, declaró el inmueble “De interés social” y lo transfirió al Indert con fines de reforma agraria, estableció que se realicen el deslinde y la mensura judicial para inscribirlo a favor del ente agrario. Este trabajo debía iniciarse el 31 de mayo de 2005, pero llamativamente y sin ninguna explicación nunca arrancó. Más llamativamente, seis días después, la firma Campos Morombí inició el juicio de usucapión contra LIPSA, diciendo que habitaba la propiedad desde el año 1970”, refiere la nota de Anahí Vera.
#4 La prensa vendida. El diario de la ultra-derecha nacionalista "La Nación" publicó un artículo lleno de retóricas tergiversadas. Les paso unas cuantas líneas. "Otra gran diferencia es que aquí se decidió un procedimiento cuyo “protocolo” se salió del libreto habitual, marchando los policías desarmados y con los brazos en alto, hacia un grupo de “campesinos” armados, perfectamente distribuidos perimetralmente, para recibir a los dialogantes representantes del Estado paraguayo." ¿Dialogantes representantes del "Estado" paraguayo? ¡Mentirosos! ¡Fueron baleadas 17 personas! ¡También murieron campesinos! Me van a decir que los policías ingresaron desarmados y con los brazos en alto. Numerosas imágenes circulan exponiendo a los policías fuertemente armados y colocando armas al costado de los cuerpos campesinos. No sólo hubo muertes sino también se produjeron heridos debido a la aparatosidad del despliegue policial que no actuó con el debido profesionalismo que amerita una situación de esa envergadura.
Luego el diario de la derecha afirma "El hecho fue filmado desde un helicóptero y transmitido por la televisión en directo" Si esto es así... ¿Entonces, por qué nadie vió lo que se transmitía en directo? ¿Por qué el M. Público, comandado por fiscales colorados, sigue negando la existencia de tales filmaciones?
Una de las pocas cosas que sí se pudo probar en juicio, es que los policías entraron ARMADOS; Armados con escopetas 12, con revólveres y pistolas, con rifles y con fusiles de guerra! ESTO QUEDÓ PROBADO EN JUICIO, y no es invento de nadie. LO TUVO QUE CONFESAR EL MISMO COMISARIO ANONI, DURANTE EL JUICIO, LUEGO DE QUE SUS COLEGAS Y SUBORDINADOS LO HAYAN DESMENTIDO. En los alegatos finales, los propios representantes del M. Público (todos colorados) reconocieron expresamente que todos los campesinos asesinados murieron a consecuencia de disparos "de armas reglamentarias". También hubieron numerosas contradicciones en el peritaje balístico y forense del lugar de la masacre. Algunos policías entraron en muchas contradicciones lo que obviamente desvirtúa la investigación de Jalil Rachid.
#5 Los que están detrás de las burdas investigaciones y juicios. Y hablando de Jalil Rachid, leamos esta nota:
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Aquiles Villalba Flores es un oscuro personaje cuyo nombre y vínculos con las mafias del narco y el contrabando saltaron a la luz pública en 2015. Se dijo que era familiar de los Villalba (Cristina, la actual diputada y exgobernadora de Canindeyú y ‘Cabrito’, intendente de La Paloma) y aunque esta información terminó siendo errónea, su cercanía al clan terminó por confirmarse. Ezequiel de Souza, capturado en La Paloma con 2.000 kilos de cocaína en noviembre de 2014, reveló a los senadores Wiens y Giuzzio, que lo narcos podían operar en la zona solo si contaban con la autorización de Carlos ‘Cabrito’ Villalba y que Aquiles era su mano derecha. Pese a la gravedad de la denuncia, ni Aquiles ni ‘Cabrito’ han sido investigados. Entre las reservas Mbaracayú y Morombi existe un corredor que los agentes fiscales de la zona denominan ‘el corredor de la ilegalidad’. Drogas, armas, rollos, todo pasa por ahí sin ningún tipo de control. Consultado para esta nota, el fiscal de Curuguaty; Cristian Roig, dijo que se trata de una zona en donde manda lo ilegal y los vínculos entre políticos, policías y traficantes hacen que el trabajo del Ministerio Público sea imposible.
Roig agregó que este organismo ha sido copado por hijos y parientes de políticos que tienen como principal tarea proteger a las mafias. Este dato serviría quizás para explicar por qué para investigar la masacre que se produjo en tierras apropiadas por el expresidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme, el fiscal general Javier Díaz Verón designó al nobel agente Jalil Amir Rachid Lichi, hijo del también extitular de la ANR, Bader Rachid Licchi. También permitiría entender por qué lo mantiene al frente de la causa pese a la parcialidad con que ha llevado el caso. Jalil es además sobrino de Leila Rachid, hoy consejera de Itaipu, exministra de Relaciones Exteriores de Nicanor Duarte Frutos, amiga personal de Sarah Cartes y exintegrante del equipo de transición del presidente electo Horacio Cartes.
Lo curioso es que mientras Jalil se hacía cargo de la investigación en Curuguaty, en Asunción, Leila hacía lobby en los medios de comunicación contra el protocolo de Ushuaia ll (uno de los seis puntos del libelo acusatorio contra Fernando Lugo), cuestionaba la presencia de los cancilleres de Unasur en Paraguaya y Bader (como miembro del consejo asesor de la Junta de Gobierno colorada) se encargaba de convencer a Lilian Samaniego de la necesidad de enjuiciar y destituir a Lugo.
Una vez más, LOS RACHID tenían un rol protagónico a la hora de poner en marcha y ejecutar un juicio político. En 1999 y tras el marzo paraguayo, fue Bader quien recibió en mano la renuncia de Raúl Cubas Grau. Según reveló a este periodista y al abogado español Aitor Martínez Jiménez en 2012 el exdiputado colorado por Canindeyú, Julio Colman, tras la masacre y en ocasión de una visita a Curuguaty, Horacio Cartes le pidió textualmente que “cuidara a Jalil”. “Es el hijo de un amigo”, le habría dicho el entonces precandidato a la presidencia.
Los vínculos de la política con el narcotráfico quedaron al descubierto tras el asesinato del periodista Pablo Medina (uno de los pocos reporteros que estuvo el 15 de junio en Marina Kué). El autor intelectual del crimen, Vilmar Acosta Marques, era intendente del distrito de Ypehú y uno de los capos del tráfico de marihuana en la zona. ‘Neneco’ pertenece al movimiento Honor Colorado del presidente Horacio Cartes y su jefa política es la diputada Cristina Villalba. Fotos en la que se lo puede ver compartiendo reuniones sociales con la diputada confirman su pertenencia al “clan”.
¿De quienes eran las 40 hectáreas de marihuana encontradas en la propiedad reivindicada por los Riquelme? ¿A quién o quienes perjudicaba la recuperación de Marina Kué por parte de los campesinos y la instalación allí de un nuevo asentamiento? Preguntas que el fiscal Jalil Rachid jamás se hizo (¿o quizás sí?).
Lo cierto es que el agente del Ministerio Público no solo descartó la hipótesis de De Vargas, sino que consideró a los Riquelme (quienes reivindican como suya la propiedad donde se encontró la plantación) “víctimas”.
Aunque pasaron tres años, Ignacio Vera aún teme por su vida. La mañana de 15 de junio de 2012 recibió un aviso: “No vayas a Marina Kue. Te van matar”, le dijeron. Según Vera, su nombre figuraba en una lista que estaba en poder de la policía. En dicha lista había otros cuatro nombres: Erven Lovera, Ninfa Aguilar, Avelino “Pindu” Espindola y Rubén Villalba. Lovera y Pindú murieron en Marina Kue. Ruben Villalba recibió un disparo. La bala le rozó el cráneo y logró escapar de la balacera con vida. Advertido, Vera prefirió no participar del procedimiento al que debía acudir como funcionario del Indert. Ninfa Aguilar se quedó a prudente distancia de la zona cero y también salvó su vida. A los pocos días fue apartada de la causa y trasladada a Santaní. El 17 de agosto de 2015 fue nombrada jueza de Garantías.
Por los actores involucrados, la zona donde se produjo y los intereses que había en juego, la pista narco debió ser investigada desde el principio.
En marzo de 2013 y mediante una resolución, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Paraguay “asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como de todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso, incluyendo en el caso del adolescente condenado y de las dos mujeres en estado avanzado de embarazo en prisión preventiva”.
Sin embargo, el fiscal general Javier Díaz Verón no solo no tuvo en cuenta la opinión del Comité, sino que respaldó la decisión de Jalil Rachid de no investigar las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas de la ocupación y organizaciones de la sociedad civil.
Tanto para la comunidad internacional como para la ciudadanía paraguaya que sigue de cerca el caso, la masacre de Curuguaty debe ser investigada nuevamente, esta vez por un fiscal imparcial y probo sin vínculos con las partes, que busque esclarecer los hechos y no encubrir a los verdaderos responsables. A la hora de ser juzgada, la causa tampoco debería caer en manos de un Tribunal de Sentencia que tenga como presidente a un juez como Ramón Trinidad Zelaya, quien siendo fiscal fue sumariado por sospechas de recibir coimas y como magistrado fue acusado de liberar narcotraficantes, uno de ellos Cecilio Cabral-Ramoa, alias “Ligerinho”, integrante de la banda de los Acosta Marques, según datos encontrados en la computadora de Pablo Medina.
***
Como piezas de ajedrez, entran al campo de juego diferentes actores con cargos judiciales que aseguran la injusticia. El tribunal que juzga el caso Curuguaty está constituido por Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero y Benito Ramón González. Vaya casualidad: dos de ellos, junto con Arminda Alfonso, quien es suplente para el juicio actual, integraron el tribunal que en 2014 condenó a Rubén Villalba a siete años de prisión, en otro proceso injusto y arbitrario, cuyo objetivo fue dejar a Villalba en Tacumbú, como sigue hasta ahora mientras se le juzga por el caso Curuguaty. Cuatro de sus compañeros obtuvieron arresto domiciliario luego de una huelga de hambre de dos meses, pero a Rubén lo llevaron de vuelta a Tacumbú y le resucitaron una causa dormida, llevada de manera exprés por los jueces mencionados. En fin: lo exprés en Paraguay para ciertos acontecimientos es una constante: golpe exprés, causa exprés. Pero: Curuguaty no exprés.
Hay más: una de las juezas que constituyó el tribunal de apelación que denegó la primera recusación al tribunal de Curuguaty (interpuesta por el abogado Víctor Azuaga) fue Silvia Cuevas Ovelar, también recusada –recusación también denegada– por haber sido parte de la orden de arrasamiento de la comunidad indígena Y’apo, en mayo de 2014, para favorecer a otra empresa privada (Laguna S.A.) que se apropió del territorio ancestral del pueblo Ava Guaraní. ¿No es por lo menos sospechoso que jueguen los mismos actores en el despojo de las tierras y en la criminalización y expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras? Es sospechoso: sí. Y por eso hay un patrón. Subjetividades que funcionan sistemáticamente frente a escenarios parecidos y que tienen libretos confeccionados que en realidad son manuales de operaciones.
Y más: una nueva recusación al tribunal, esta vez del abogado Pablo Aguayo, fue rechazada con velocidad exprés, apenas en horas, por un tribunal de apelación constituido en tiempo récord e integrado por Carlos Domínguez, Guillermo Zillich y María Belén Agüero. Pues bien, el juez Guillermo Zillich ya había actuado en la causa al caso Curuguaty desde el mismo 15 de junio de 2012, día de la matanza, como agente fiscal coadyuvante de la entonces fiscala Ninfa Aguilar. Ésta fue responsable de la orden de allanamiento que dio origen a la masacre de Marina Kue y, además, la primera fiscala encargada de la investigación, luego apartada de la causa y remplazada por Jalil Rachid. Zillich, obviamente, niega que el haber sido antes acusador le inhabilite hoy como juez (ver hoy: http://www.ultimahora.com/zillich-alega-que-no-tiene-causales-inhibicion-n928264.html).
Es un vaivén: aparecen las mismas piezas, pero no siempre las reconocemos, porque cambian de posición. Se borran como peones y al rato vuelven como alfiles. Pero siempre apuntan a lo mismo: a favor de quienes usurpan tierras y en contra de las personas pobres sometidas de manera arbitraria a procesos penales. Apuntan hacia la injusticia. Lo que decíamos antes: ideológica/sicológicamente responden a una articulación social en la que el campesinado está situado fuera de los márgenes ciudadanos.
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