El golpe colosal propinado el primero de julio del 2012 en las urnas electorales por los jalisciences a la ultraderecha conservadora enquistada en la gubernatura del Estado no fue lección suficiente para los fundamentalistas que decidieron aprovechar su posición privilegiada por el tiempo que aún les quedaba para repartirse todo lo que pudieran como consecuencia del año de Hidalgo, empezando por el mismo Gobernador que siempre fue sinónimo de corrupción rampante. En efecto, antes de abandonar la gubernatura, el cachorro favorito de la ultraderecha encubierta de México (léase la sociedad secreta Tecos que opera desde la Universidad Autónoma de Guadalajara en la mayor de las secrecías) no perdió oportunidad alguna para tratar de desquitarse en contra del pueblo de Jalisco beneficiando a gente de ultraderecha afín a él y a la causa demencial que en un momento de locura y soberbia máxima llegó a creer que podría instalar en la silla presidencial para asegurar por completo el control del país:
Gobernador de Jalisco reparte notarías como si fueran hostias
Alberto Osorio
Revista PROCESO
18 de octubre del 2012Antes de dejar la administración estatal y después del fracaso del PAN en las elecciones recientes, Emilio González, tercer mandatario estatal emanado del PAN, repartió 40 licencias para nuevos notarios entre sus amigos y conocidos, con lo cual el estado es el que tiene más fedatarios en el país.
Según datos proporcionados a este semanario por fuentes del Colegio de Notarios, entre los favorecidos del mandatario está su hijo Emilio González Guzmán, cuyo examen estaría programado para este mes. No obstante, ante el escándalo podría dar marcha atrás.
La decisión del mandatario estatal saliente causa serias divisiones y ahonda la crisis que afecta al gremio de los notarios públicos, quienes renovarán dirigencia en diciembre.
En la lista de los beneficiados por González Márquez aparecen el exsecretario general de Gobierno y candidato perdedor de Acción Nacional, Fernando Guzmán; el procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, y el presidente del Tribunal de Justicia, Celso Humberto Rodríguez González, entre otros.
Se trata del reparto de un botín sacado por la fuerza y en medio de un proceso violatorio a Ley del Notariado local, según las quejas recibidas por Proceso Jalisco de distintos notarios, que piden mantenerse en el anonimato con el fin de evitar cualquier tipo de represalia.
Coinciden con esos cuestionamientos el constitucionalista Francisco Jiménez Reynoso, catedrático de la Universidad de Guadalajara, y Maximiliano Lomelí, quien desde febrero pasado promovió un juicio político contra Fernando Guzmán Pérez Peláez, por considerar que cometió abuso de autoridad cuando trabajó como secretario general de Gobierno.
El 28 de febrero próximo, González Márquez dejará el cargo y entregará la administración al gobernador electo, el priista Jorge Aristóteles Sandoval; y quedarán cobijados en las nuevas notarías quienes hoy son funcionarios públicos en activo, hijos de notarios y hasta amigas de políticos.
En el listado, además del procurador Tomás Coronado y de Guzmán Pérez Peláez, también aparecen el presidente Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Celso Rodríguez González, a quien le tocó la Notaría 34 de Guadalajara, y José Guillermo Meza, expresidente del Tribunal Electoral y actual magistrado en el mismo organismo, a quien se le otorgó la 136 de la capital jalisciense.
Obtuvieron su notaría Ricardo López Camarena, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno (la 49 de Guadalajara), Manuel Bailón Zúñiga (70 de la misma ciudad), abogado de 27 años e hijo del presidente del Colegio de Notarios, Manuel Bailón, quien tiene uno de los más grandes despachos notariales de la capital, en el condominio Guadalajara, situado en 16 de Septiembre y Niños Héroes.
La licenciada Leticia Margarita Domínguez López, beneficiada con la Notaría 1 de Tlaquepaque, es auxiliar de Manuel Bailón padre.
Es el mismo caso de Fernando López Vergara Corcuera (Notaría 4 de Zapopan), hijo del notario Fernando López y sobrino de Jorge López Vergara, exprocurador de Jalisco y excolaborador del que fuera gobernador panista, Alberto Cárdenas Jiménez.
La actual integrante del Consejo de la Judicatura de Jalisco, Carmelita Chávez Galindo, conocida por su estrecha cercanía con el exsecretario de gobierno y exsenador del PAN Héctor Pérez Plazola, también está a punto de presentar su examen para obtener su licencia notarial.
Chávez Galindo fue impugnada al llegar al cargo de consejera de la Judicatura porque fue designada juez apenas el pasado 25 de junio. José María Martínez, diputado panista y actual senador por Jalisco, señaló: “Ella es inelegible porque es juez electa, aunque no esté en funciones”.
Además, Lorenza Covarrubias Radillo, empleada de la Dirección General de Visitaduría en la Procuraduría Social, tendrá a su disposición otra notaría más en Guadalajara.
Por su parte, María Enriqueta Ortiz Guerrero, responsable del área jurídica de la Secretaría de Administración, se quedó con la Notaría 80, que permanecía vacante, también en la capital del estado.
Fedatarios inconformes indican que ella no cumple los requisitos, aunque en el expediente entregado al Colegio de Notarios Ortiz Guerrero asegura que realizó sus prácticas en el despacho de Leticia Rocío González Aceves hasta febrero de 2008.
A juicio de integrantes de la comisión especial que estudia los expedientes de los aspirantes, ese dato no corresponde a la realidad porque González Aceves tiene su despacho en El Salto, y dicen que Ortiz Guerrero no pudo desplazarse diariamente a ese municipio sin afectar su labor en el gobierno del estado.
La misma comisión especial indica que Ortiz Guerrero presenta incompatibilidad para el ejercicio de notario, dado que se desempeña como funcionaria pública, condicionante que la Ley del Notariado sanciona con toda precisión.
Asimismo, la Notaría 1 de Puerto Vallarta se le concedió a Fernando Castro Rubio, síndico de ese municipio, a pesar de una impugnación interpuesta ante el Colegio de Notarios por el fedatario de Tonalá Manuel Torres Jacobo, quien considera que esa asignación es ilegal.
Guillermo Rentería Gil, juez civil que trabaja en Tamazula, también obtuvo su licencia a pesar de que es servidor público y por lo tanto no elegible para el cargo.
Golpeteo interno
Los notarios inconformes con esa forma de asignar notarías señalan que el gobernador saliente entrega a sus amigos esas licencias como pago de favores políticos o tráfico de influencias, sin tomar en cuenta la capacidad profesional de los beneficiados ni el exceso de estos establecimientos en el estado.
Algunos lamentan que se reducirá el trabajo para cada notario y ponen como ejemplo la reciente renuncia de Alejandro Vargas, que se había establecido en Tlaquepaque pero cerró el despacho por falta de trabajo. Entrevistado por Proceso Jalisco, Vargas reconoce que en el mejor momento de su notaría contó con 17 empleados, pero en 1995 comenzó una mala racha que empeoró hasta que no tuvo actividades.
Para entonces ya sólo quedaban una secretaria y un colaborador externo. “Decidí cerrar porque se acabó todo; ahora vengo a mi oficina y ya no hago nada, salvo jugar ajedrez en una versión electrónica y a través de la computadora, mientras decido qué otra cosa se puede hacer”, narra.
Acerca de los nuevos nombramientos asegura que es práctica común de los gobernadores salientes.
Algunos fedatarios recuerdan que el principal escándalo en el reparto de notarías antes del actual ocurrió en la administración del gobernador interino priista Carlos Rivera Aceves, cuando se vendieron licencias en 300 mil pesos o más, “dependiendo de la zona”.
Otros entrevistados aseguran que, ante la crisis en la zona metropolitana, muchos notarios tienen que reducir al máximo sus gastos operativos, despedir a empleados o conseguir buenos contratos para garantizar los ingresos.
Afirman que, con todo, “hay notarios que se dan el lujo de procesar miles de escrituras al mes y tienen en sus despachos un ejército de colaboradores o secretarias, tal como ocurre con Enrique Alfaro Anguiano”, exrector de la Universidad de Guadalajara y padre del excandidato al gobierno de Jalisco por el Partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez.
Un experimentado fedatario confía que para algunos de sus colegas el negocio consiste en dar una “iguala de 500 pesos o más por cada escritura que se trabaja, pero eso nadie te lo va a decir en grabación y menos si es para publicarse en Proceso Jalisco”.
Los inconformes sostienen que durante las administraciones de Francisco Ramírez Acuña y de Emilio González Márquez, ambos del PAN, Jalisco se convirtió en la entidad con más notarios públicos en el país. En el directorio del Colegio de Notarios hay 323 afiliados, es decir, uno por cada 21 mil habitantes. La Ley del Notariado indica que para la zona metropolitana de Guadalajara debe existir un notario por cada 30 mil ciudadanos y en el resto de los municipios uno por cada 20 mil.
Con las nuevas licencias, Jalisco superará al Distrito Federal y a Nuevo León en el número de fedatarios por habitantes.
El grupo de inconformes indica que frente a las irregularidades solapadas por el presidente del Colegio de Notarios, Manuel Bailón, y las violaciones a la ley que entrañan las dádivas del gobernador, es factible que ellos promuevan actos jurídicos para garantizar la restitución del estado de derecho.
Aclaran que de las nuevas 40 licencias, en 19 casos los aspirantes ya pasaron el trámite y tienen el fiat para establecer sus notarías y cinco fueron impugnadas por ocho integrantes del Consejo de Notarios que acusaron a su presidente, Manuel Bailón, por no respetar los acuerdos de consejo y por violar la ley, aunque finalmente todos los aspirantes lograron presentar el examen.
El vicepresidente del Colegio de Notarios, Adrián Talamantes Lobato dijo que el consejo determinó desde el pasado 18 de septiembre que Coronado Olmos, Fernando Guzmán y otros aspirantes no cumplían los requisitos legales, aunque ambos acudieron a presentar su examen el 2 de octubre.
Fernando Guzmán supuestamente realizó sus prácticas como notario con el panista Felipe de Jesús Preciado Coronado desde octubre de 2006. Pero ese dato no cuadra, porque el excandidato a gobernador fue secretario general de Gobierno desde marzo de 2007 hasta diciembre de 2011. Los miembros de la comisión especial se preguntan en qué momento Guzmán cumplió con el periodo de prácticas que exige la ley: “¿Acaso le abrían la notaría por la noche?”
Otro panista argumenta que también hizo sus prácticas en el despacho de Preciado Coronado: es Ricardo López Camarena, subsecretario de Asuntos Jurídicos en la administración de Emilio González. Lo extraño es que esto ocurrió cuando Felipe Preciado solicitó licencia para separarse del cargo de notario y ocupar una curul federal en 2009.
Otros de los beneficiados en 2012 son Javier Cuéllar Velázquez (con la Notaría 24), Adán Godínez Montes (62), Lorenza Covarrubias Radillo (33), Manuel Bailón Zúñiga (70), Óscar Álvarez del Toro (91), Carlos Enrique Guevara Ramos (75) y Jesús Sánchez Navarro (39), todos ellos en Guadalajara.
En el mismo caso están Guillermo Rentería Gil (1 de Tamazula), María Margarita Covarrubias y Ramos (2 de Tlaquepaque), Gerardo Hinojosa Zepeda (1 de Acatlán), Sergio Antonio Macías Aldana (1 de Tuxcueca), Juan Emilio Lomelí Vargas (7 de Tonalá), y Fabiola Lizzette Murillo Vargas (2 de Tala).
Casos especiales son los de José Guillermo Meza (136), Celso Humberto Rodríguez González (34), Tomás Coronado Olmos y Fernando Guzmán, aspirantes a notarios de Guadalajara que, según el constitucionalista Francisco Jiménez Reynoso, violan flagrantemente la ley del notariado sólo porque en la última fase de su administración el gobernador Emilio González se despacha con la “cuchara grande” para cumplir sus compromisos políticos y de amistad.
Asegura que la inconformidad de algunos de los miembros del Consejo de Notarios se debe a que varios de los aspirantes, entre ellos los políticos mencionados, no comprobaron sus estudios de postgrado. La Ley del Notariado establece los requisitos para obtener una patente en su artículo 8, y esos funcionarios no tienen ningún problema, dice, pero el artículo 9 exige claramente estudios de posgrado en materias afines al derecho notarial y con cinco años de ejercicio profesional.
Muchos de los beneficiados por Emilio González tienen problemas para solventar ese requisito, porque si eran servidores públicos ¿en qué momento cursaron los postgrados y cuándo realizaron sus prácticas del ejercicio profesional, tal como se establece en la fracción sexta de la Ley del Notariado?
Jiménez Reynoso asegura que los notarios inconformes pueden presentar su reclamo si lo sustentan en el artículo 154 de dicha ley, el cual establece que el nombramiento de un notario se puede invalidar cuando el aspirante haya utilizado documentación apócrifa o sustentado con falsedades la integración de su expediente para realizar el examen o solicitar la licencia de notario.
De hecho, Maximiliano Lomelí Cisneros, catedrático del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara, promovió a principios de este año un juicio político contra Fernando Guzmán por cometer violaciones a la Ley del Notariado y permitir que funcionarios como Celso Rodríguez, Guillermo Meza y Guillermo Rentería obtuvieran patentes a pesar de que sus fiat fueron firmados por Víctor González Romero, actual secretario general de Gobierno.
En su defensa, Celso Rodríguez asegura que obtuvo su notaría con total apegado a derecho y que para ello tuvo que solicitar licencia al cargo de presidente del Supremo Tribunal de Justicia para asumir el nuevo cargo.
Los notarios inconformes acusan a Bailón promover la división en el gremio, pero otros afirman que debió obedecer la orden del gobernador y aclaran que tras el escándalo está la pugna de dos grupos por la presidencia del Colegio de Notarios: el de Heriberto Raúl Santana Murillo y el de Juan Carlos Vázquez, en tanto que Bailón padre aspira a la dirigencia nacional del Colegio de Notarios.
El sábado 6 varios medios publicaron una entrevista en la que el vicepresidente del Consejo de Notarios, Adrián Talamantes, ofreció su versión del conflicto interno por las aspiraciones de Fernando Guzmán, Tomás Coronado y otros funcionarios de Emilio González. Pero también cuestionó:
“Si el consejo tomó un acuerdo, ¿por qué el presidente actuó en contra de esa decisión, violentando la ley y constituyendo ese acto en una falta de respeto a los miembros (del consejo)? En la sesión de ayer manifestamos que no asistiríamos a ninguna sesión porque no tiene sentido que el consejo tome acuerdos y que el presidente no los respete”.
Proceso Jalisco buscó a Talamantes para que ampliara sus declaraciones, pero el notario rechazó la entrevista.
Entre las hipótesis que se manejan sobre el reparto de notarías llevado a cabo por el ultraderechista nazi-fascista encubierto Emilio González Márquez, la más viable y la más creíble es que una mitad de esas notarías fue a dar a manos de gente de la extrema derecha jalisciense a la cual los beneficiados de los conspiradores encapuchados le deben tanto, y que la otra mitad fue a cambio de generosos sobornos que fueron a dar directamente a los bolsillos del Gobernador más ultraderechista que haya tenido Jalisco en toda su historia. De que se puede suponer que hubo corrupción de por medio es sostenible porque no fue el único rubro en donde hubo cosas sumamente raras, como el mismo medio de comunicación lo documenta:
Panamericanos: El juego de los millones perdidos
Gloria Reza M.
Reportaje especial
Revista PROCESO Jalisco
26 de octubre del 2012Una auditoría realizada por la contraloría de Guadalajara al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (Copag) detectó un manejo irregular de 320 millones de pesos en el periodo comprendido entre enero de 2010 y junio de 2011. En el informe respectivo, los investigadores enumeran los ilícitos: compras a empresas que no se encuentran en el padrón de proveedores, licitaciones fantasmas, duplicidad de pagos, fianzas no cubiertas y hasta nepotismo.
Asignaciones multimillonarias directas por orden de Mario Vázquez Raña, compras a empresas que no se encuentran en el padrón de proveedores, licitaciones fantasmas, duplicidad de pagos, fianzas no cubiertas y nepotismo son algunas de las muchas irregularidades detectadas al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (Copag), en una auditoría efectuada por la Contraloría tapatía.
El 22 de junio de 2011, el entonces titular de la dependencia, Francisco Javier Morales Aceves, notificó al director del comité, Carlos Andrade Garín, sobre la revisión y sus alcances. La investigación se restringió en el ejercicio presupuestal de ingresos y egresos de 2010 y el primer semestre de 2011. Los auditores detectaron gastos no comprobados por casi 320 millones de pesos durante ese periodo.
La auscultación se concentró en las áreas de adquisiciones, nóminas, horas extras, normatividad, patrimonio y recursos financieros. Entre las anomalías destaca la contratación de la empresa Internacional Sport Broadcasting, a propuesta directa de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), cuyo titular es Mario Vázquez Raña, para la producción y transmisión de la señal de la justa continental.
Al principio se autorizó la transmisión por 500 horas, con un costo de 14 millones de dólares; pero se amplió a 700, por lo que la cuenta se elevó a 16 millones.
“La Comisión de Adquisiciones determinó contratar a la empresa por recomendación de la Odepa sin observar los procedimientos contenidos en el Reglamento de Adquisiciones para el municipio de Guadalajara; al no cumplirse lo estipulado por la normatividad correspondiente, se considera una adjudicación irregular”, apuntan los auditores.
En agosto pasado Vázquez Raña denunció que el Copag tenía una “escandalosa deuda” de más de mil millones de pesos debido a un desorden administrativo (Proceso 1870).
Juan Ángel Guadarrama Faya, Edith Alejandra León Díaz y Alejandro Villaseñor Tatay, adscritos a la Secretaría de la Contraloría, comentan la opacidad del personal del Copag durante la revisión. Cuando pidieron al área jurídica del comité copias de los contratos relacionados con las prestación de servicios, adquisición de bienes y patrocinios, la respuesta fue: “Allí están, son cientos”, pero no les fue entregado ninguno. Al final, el Copag entregó sólo 70.
Los auditores también hicieron observaciones a los fondos revolventes que manejaron Idalia Echegollen Mestas y Vladimir Hurtado Burgos, directores general y administrativo, respectivamente. Según las copias de los documentos, ambos funcionarios compraron bebidas alcohólicas, cigarrillos, y sólo entregaron facturas y comprobantes que no cumplían con los requisitos fiscales.
Hasta el momento de la revisión, el Copag tenía adeudos por un millón de pesos a diversos acreedores, entre ellos Fábricas Selectas, la Secretaría de Finanzas, OTI Internacional LLC, GDF Suez Gas NA LLC y Terra Network Chile.
En relación con los gastos de los funcionarios –que incluyen pasajes, transporte, hospedaje y consumo de alimentos–, la dependencia no aplicó el tabulador del Reglamento de Visitas Oficiales, por lo cual sus directivos ni siquiera presentaron comprobantes de consumo, según el reporte de los auditores. Incluso en algunas facturas cargaron consumos extras, aun cuando la contratación incluía todos los servicios.
En lo concerniente al consumo de gasolina, la dependencia ni siquiera entregó documentos de los modelos y placas de los vehículos. Lo que sí detectaron los auditores es el pago de la cuenta del celular del director de comercialización y mercadotecnia, Horacio de la Vega Fuentes.
Asimismo, las diferencias en el tipo de cambio provocaron pérdidas, sobre todo en la cuenta de Rendimientos Financieros de la comisión. Según la documentación analizada, la diferencia fue por 2 millones 317 mil pesos en el periodo.
En cuanto a las adquisiciones, los auditores detectaron compras directas injustificadas a favor de empresas no incluidas en el padrón de proveedores del municipio ni del Copag; en ocasiones ni siquiera se especifica el monto del contrato ni a quién adjudicaron la compras, en los casos en los cuales hubo concurso.
Un dato curioso: la información proporcionada por la comisión indica que el servicio de transporte para la Olimpiada Nacional 2010 se contrató vía telefónica, pero sólo se menciona la empresa ganadora.
Otras irregularidades son: la de la compra de equipo de telefonía y 400 celulares a Telmex, cuando la plantilla de la dependencia es de sólo 186 personas; el pago de mil 840 viajes al servicio de transporte TTUR Autobuses de la Piedad, cuando en realidad fueron mil 400, lo que implicó una erogación extra injustificada de 500 mil pesos.
Las trácalas
Una de la empresas favorecidas por el Copag fue Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA), a la que se le adjudicaron contratos por casi 6.6 millones de pesos en una presunta licitación pública para la realización de eventos deportivos. No obstante, los auditores no encontraron el nombre de las otras empresas concursantes.
En la revisión de la licitación pública para contratar un seguro para la transmisión de la señal International Sports Broadcasting (ISB) observaron la misma irregularidad. No encontraron el nombre de los proveedores participantes ni el cuadro comparativo; sólo obtuvieron el dictamen técnico, según el cual se adjudicó un contrato por 1 millón 39 mil 188 dólares a Grupo Mexicano de Seguros.
Asimismo, en las actas del Comité de Adquisiciones del Copag se detectó la erogación de 1 millón 212 mil 702 pesos que no estaban previstos en los gastos de la comisión por la develación del reloj de la cuenta regresiva para la inauguración de los Juegos Panamericanos en la glorieta Minerva, así como por la difusión de los eventos “campaña de ciclismo, gimnasia y se acerca el espíritu”.
Respecto a las compras del área médica, el reporte consigna: “No se tiene una estadística de los servicios otorgados ni de los medicamentos y materiales de curación solicitados y consumidos durante 2010 y 2011, únicamente se registró el evento al que fueron destinados”.
También destacan el desaseo en el organismo dirigido por Andrade Garín con relación al resguardo de los bienes muebles, algunos de los cuales ya están semidestruidos o abandonados. Algunas de las facturas, dicen, no concuerdan con el monto ni con el contenido, o simplemente los bienes no se encuentran en la base de datos.
Y mencionan el caso del almacén general, donde las existencias no coincidían con el material de los registros; algunos de los bienes no aparecían en el inventario, aun cuando por reglamento deben ser registrados cuando ingresan. Los auditores tampoco hallaron 18 facturas correspondientes a muebles asignados al área de tiro con arco.
Algo similar observaron en lo relativo a los siete celulares, las dos laptops y un radio Nextel desaparecidos, que nunca fueron reportados a la Procuraduría de Justicia del estado, pues, dicen, no se encontró ningún documento en el cual se “detalle el compromiso de cubrir el costo del bien extraviado”.
Y aun cuando detectaron “pagos a extranjeros”, no se les retuvo el 25% de impuestos correspondiente. Es el caso de la empresa Cuba Deportes, S.A., que se embolsó 96 mil 368 dólares (equivalente a 1 millón 252 mil 784 pesos) por asistencia técnica sin pagar los 24 mil 92 dólares de ISR.
La Contraloría municipal menciona también a 21 proveedores a los cuales se les pagaron 12 millones 476 mil 726 pesos, aun cuando incumplieron con las bases del Reglamento de Adquisiciones del ayuntamiento. Entre las anomalías destacan: duplicidad de pagos y adjudicación directa so pretexto de que “es la única empresa que puede dar el servicio en los términos requeridos”.
Tampoco especificaron las características ni el valor del producto, fianza, contrato posterior a la adjudicación ni otras propuestas de presupuesto ni el acta del Comité de Adquisiciones.
Además, se asignaron compras con un giro distinto al requerido. Por ejemplo, la fabricación de dos relojes grandes utilizados para llevar la cuenta regresiva en Plaza Liberación y las avenidas Chapultepec y Vallarta, se le asignó a Blanca María Eugenia Guzmán Hernández, quien se dedica a la fabricación de botes de basura y mobiliario urbano.
En la develación del reloj panamericano, que tuvo un costo de casi 2 millones de pesos, varios proveedores fueron descartados “no por motivos económicos, sino por razones de índole subjetiva”. La empresa ganadora, Productora Master Links, S.A. de C.V., recibió del Copag más de medio millón de pesos adicionales después de la firma del contrato, aunque esa cantidad no se reportó.
Los auditores aluden también a un gasto de 881 mil 112 pesos para hospedar a 15 personas durante seis noches, aunque sólo se mencionan los nombre de 13. Las otras dos, según la comisión, eran de la “Oficina Guadalajara”, aunque no entregó ningún oficio para justificar su presencia. La misma situación se repitió en un viaje a Mérida que tuvo un costo de 278 mil 219 pesos para la realización de una asamblea de la Odepa.
Parientes y aviadores
En la plantilla del Copag se registró Carlos Armando Andrade Durán, sobrino del director general de la dependencia, Carlos Andrade Garín, quien fue nombrado como analista de Televisión y Medios. Su sueldo mensual: 15 mil 816 pesos.
Los auditores apuntan que la contratación violó el artículo 61, fracción XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Jalisco, según el cual los funcionarios deben abstenerse de intervenir en el nombramiento, contratación o promoción, o por conducto de otro servidor de personas con las que se tenga parentesco consanguíneo o por afinidad (…) para ocupar algún cargo público.
Otra irregularidad es la de Ofelia Medina Valadez, quien perdió uno de los siete celulares durante la realización de la justa deportiva continental. Ella ingresó a la nómina del Copag como directora de Relaciones Públicas el 16 de octubre de 2010. No obstante, continuó laborando en el ayuntamiento de Guadalajara hasta el 31 de diciembre siguiente como coordinadora NA3. Ahí cobraba cada mes 62 mil 76 pesos.
De acuerdo con los auditores, Medina Valadez infringió los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos. Lo mismo pasó con Roberto Kenny Espinosa, contratado como subdirector de Televisión a partir del 1 de febrero de 2011, aunque fue hasta el 25 de ese mes cuando la Comisión de Adquisiciones del Copag autorizó el nombramiento. Su sueldo mensual: 100 mil pesos.
Al revisar su caso, los auditores detectaron varias irregularidades: su contrato carece de firmas, comenzó a cobrar a partir de enero y sus percepciones mensuales eran superiores a los 111 mil pesos:
“De acuerdo con los registros contables, se encontró un pago mediante el cheque número 5748, con fecha 12 de mayo de 2011, por la cantidad de 333 mil 566 pesos; es decir que se pagaron 111 mil 188 pesos por mes, cuando el contrato marcaba un sueldo de 100 mil pesos, por lo que resulta improcedente el pago.”
Refieren también que muchos expedientes estaban incompletos: algunos no tenían el acta de nacimiento de los funcionarios, en otros faltaban las cartas de policía, altas en el Seguro Social; en casos como el del director comercial y mercadotecnia, Horacio de la Vega Flores, faltaba la declaración patrimonial.
En situación similar estaban otros directivos del Copag: Anahí Quezada Becerra; Carlos Alberto Ramírez Cuéllar, Miguel Ángel Wong Álvarez y Ana Paula González Horn, jefa de traducción.
Respecto del personal eventual, la mayoría de los empleados laboró durante el periodo de la Olimpiada Nacional y, según los auditores, dos personas cobraron doble sueldo: como eventual y de confianza.
La contraloría encontró que ninguno de los contratos verificados tenía la firma del titular del Copag, Carlos Andrade Garín, ni la del coordinador legal ni la de la encargada del departamento de Recursos Humanos.
Otro detalle: las fechas de firma de los contratos son posteriores a las actividades del prestador de servicio, e incluso después de su terminación. En ninguno de los casos se menciona fecha de ingreso, sueldo y adscripción.
Los auditores detectaron una falta de control del parque vehicular, puesto no se tomó nota del rendimiento de cada vehículo ni del kilometraje recorrido ni de los servicios realizados, menos aún de los vales de gasolina de cada vehículo. Además, detectaron gastos adicionales no autorizados.
La revisión fiscal reveló también duplicidad de cuentas bancarias, la no correspondencia de los conceptos que manejaba la empresa o que las requisiciones carecían de las firmas autorizadas del Comité de Adquisiciones. Incluso se comprobó que hubo pagos antes de ser autorizados, con lo cual se incumplió el artículo 36 del Reglamento Interno del Copag.
Otros proveedores entregaron al comité organizador documentos que no reunían los requisitos fiscales, estaban vencidas o eran consecutivas. Por ejemplo, Maquinaria de Elevación y Carga, S.A. de C.V., emitió las facturas consecutivas del número 1253 al 1256 por 104 mil 798 pesos.
Un detalle más es que la empresa no estaba registrada en el padrón de proveedores de Guadalajara ni en el del Copag, y la requisición carecía de las firmas del director administrativo.
Otras facturas fueron “infladas” o el costo del producto resultó elevado. La requisición para rentar mobiliario a Rivera Equipo para Eventos, S.A. de C.V., para la posada de los empleados fue de mil 400 pesos, pero la factura salió por 10 mil 370 pesos.
El 11 de febrero de 2010, Casa Arte Mexicano, S.A. de C.V., cobró 3 mil 830 pesos por blusas de rebozo, pero no se especificó para qué evento se adquirieron ni a quiénes se le entregaron; tampoco se emitió una requisición. Según los auditores, “el costo de cada blusa –680 pesos– fue excesivo”.
Un gasto innecesario fue la contratación de servicios de traducción cuando el Copag contaba con una jefatura externa de traducción, por lo que no “tiene justificación la erogación realizada”.
Lo mismo sucedió con las empresas Legal Solutions Servicios, S.C. y Media Planning Group, S.A. de C.V., contratadas para elaborar los contratos para socios comerciales, patrocinadores, proveedores, colaboradores y benefactores, cuando el Copag tenía un área jurídica consultiva con las mismas “facultades y conocimientos”. Por lo anterior, dicen los auditores, “es evidente la duplicidad de pagos por concepto de esos servicios”.
La duplicidad de funciones se repitió con la contratación de Partida Morales, S.C., para registrar el nombre y propiedad industrial e intelectual de los Juegos Panamericanos 2011, cuando dentro del organismo existía una gerencia de uso de marcas.
Más abusos
Los auditores también señalaron que el Copag realizó gastos para la Olimpiada Nacional, cuando eso correspondía al Code –del cual Andrade Garín también es titular–, que en 2010 manejó un presupuesto de 110 millones 136 mil 574 pesos.
De las 68 observaciones de la Contraloría municipal al Copag, el organismo sólo atendió 20 de manera parcial, según los auditores.
Entre las recomendaciones, la dependencia pide al Copag que los deudores del organismo finiquiten los saldos pendientes; en caso contrario, indica, debe darse inicio al procedimiento que permite la recuperación de los adeudos.
Por lo que atañe a las exfuncionarias Claudia Téllez Balcázar y Ofelia Medina, quienes perdieron dos laptops y un nextel, la Contraloría municipal recomendó que reintegren otros aparatos de iguales características o paguen su equivalente en efectivo y que se inicien los procedimientos administrativos contra cada una de ellas, a “efecto de determinar su responsabilidad por el robo o extravío”.
Asimismo, recomienda abrir una investigación y, en caso de ser necesario, un procedimiento contra del gerente de adquisiciones del Copag, cuyos directivos modificaron el fallo de adjudicación, con lo cual causaron un daño al erario al pagar 200 mil pesos extras a la empresa TPS Empresarial, S.A. de C.V., por el servicio de transporte para la Olimpiada Nacional de las delegaciones, jueces y personas VIP.
Según el reporte de los auditores, el convenio de construcción y comodato de la Villa Panamericana que firmó Corey Integra, S.A. de C.V., con el gobierno estatal se incumplió con la garantía y con la fianza pactada entre las partes.
El documento estipuló que si Corey demoraba la entrega del inmueble, “por causa imputable a ella (…) autoriza al Copag para que, de considerarlo necesario, tome las medidas oportunas para remediar el retraso; y cualquier costo que estos trabajos generen para remediar el retraso, serán pagados a más tardar dentro de los 30 días naturales, posteriores a la notificación que haga (el organismo a la constructora)”.
Además, fijó una pena convencional por 10 millones de pesos, que entraría en vigor “sólo en el caso de que Corey omita entregar al Copag en tiempo y forma la posesión física y jurídica del bien”, como en realidad ocurrió.
Para dar mayor certeza al cumplimiento de la sanción, la empresa presuntamente debió emitir un pagaré, el cual debió generar un interés moratorio anual “que resulte de multiplicar la tasa TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio), vigente al momento en que se incurrió en mora, más cinco puntos, por el periodo que dure el pago”.
Los auditores no encontraron evidencia del cumplimiento de la garantía y refieren que la Villa Panamericana debió entregarse a más tardar el 30 de junio. Corey la entregó hasta el 4 de octubre.
En el convenio también se especificó que el edificio –donde se alojaron los 8 mil 400 atletas durante los Juegos Panamericanos– estaría a disposición del Copag a partir del día de su entrega en comodato y hasta el 15 de enero de 2012. Durante ese periodo, el Copag debió cubrir todos los gastos de agua, energía eléctrica, servicio telefónico y de “cualquier otro tipo por la utilización del inmueble”.
La villa se construyó en cuatro predios ubicados en la zona de El Bajío, pertenecientes, entre otros, a Francisco Cornejo, dueño de Corey. En el contrato se mencionó que la edificación correría a cargo del gobierno del estado de Jalisco a través de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe).
La villa tuvo un costo de mil 200 millones de pesos, de los cuales 865 millones fueron aportados por Iprovipe con recursos de los burócratas, según informó en su momento el Ejecutivo.
En las 16 hectáreas donde se levantó el conjunto habitacional, se encuentran 942 departamentos que no han podido ser vendidos puesto que Corey no cuenta con el permiso de habitabilidad del municipio de Zapopan (Proceso Jalisco 404).
Así como Corey incumplió con la garantía especificada en el convenio, la misma irregularidad cometió el Copag, cuyos directivos debieron obtener una fianza que respaldara la “devolución de los bienes inmuebles que integran la villa en las mismas condiciones en que los recibió y en el plazo establecido”. Los auditores indican que “no se encontró evidencia del cumplimiento de la fianza referida”.
Otro punto en el contrato, con un claro favoritismo para la constructora, es que al término de la vigencia del comodato, el Copag debía restituir la posesión de la villa en el mismo estado en que la recibió, reponiendo materiales y equipos dañados, “pudiendo contratar a Corey para la realización de esos trabajos”.
Los auditores expusieron también que, por falta de documentación, “no fue posible verificar que el Copag contratara un seguro que amparara “los rubros de responsabilidad civil, daños y gastos médicos a terceros que incluya daños causados por sismo, por la naturaleza, por terrorismo, vandalismo o cualquier otro que pudiera afectar los inmuebles, así como a los atletas y demás personas que sean albergadas o utilicen la Villa Panamericana durante los juegos”.
¿Estos son los neopanistas ultraconservadores de Jalisco que decían que “los masonetes que mangonean al PRI son una bola de corruptos que sólo usan los puestos públicos en beneficio propio”? ¿Esta es la gente hipócrita que hablaba de “salvar a México” usando la honestidad como modo de conducta? ¿Estos son los mismos que habían prometido a sus alucinados seguidores y patrocinadores que cuando llegaran al poder terminarían de tajo de una vez por todas y para siempre con los viejos vicios del sistema político mexicano poniendo en práctica las agendas de la ultraderecha que enarbolaban como soluciones casi mágicas? Bien poco, les duró la simulación. En verdad no tienen vergüenza, porque en verdad nunca la tuvieron.
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